Notas de interés general y profesionales de la información

Respeto a la vida privada

2009-08-07T14:36:00.000-07:00

Notas de interés general

En las presentes consideraciones se determinará primeramente la diferencia entre un personaje público y uno que no lo es, algunas delimitaciones para entender si se trata de un espacio público o privado, y algunos puntos importantes sobre la intimidad y el derecho a la propia imagen para poder delimitar el ámbito de actuación de los profesionales de la información en cuanto al tratamiento de la vida privada de dichos personajes.

Para establecer primeramente lo que se entiende como persona pública es necesario hacer referencia a la ley, que aunque no determina lo que es propiamente una persona pública, sí define lo que debe entenderse como servidor público. De conformidad con lo establecido en el artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se entiende como servidor público:

Se reputarán como servidores públicos a los representantes de elección popular, a los miembros del Poder Judicial Federal y del Poder Judicial del Distrito Federal, los funcionarios y empleados y, en general, a toda persona que desempeñe un empleo, cargo o comisión de cualquier naturaleza en el Congreso de la Unión, en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal o en la Administración Pública Federal o en el Distrito Federal, así como a los servidores públicos de los organismos a los que esta Constitución otorgue autonomía, quienes serán responsables por los actos u omisiones en que incurran en el desempeño de sus respectivas funciones.

También son consideradas como personas públicas aquellas que por su actividad sean reconocidas por el público en general, como las que constantemente salen a través de los medios de comunicación colectiva como actores, comediantes y demás personas que trabajas en los programas de variedad presentados al público.

Evidentemente el actuar de estas personas aunque tiene un carácter público considero que debe ser tratado en una línea distinta, la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, que aunque es una ley de aplicación para el Distrito Federal en su artículo 7 determina como información de interés público: “El conjunto de datos, hechos y actos que tienen como propósito servir a las personas para la toma de decisiones, de manera que se enriquezca la convivencia y participación democrática”.

Es necesario establecer que las personas que participan en noticieros y programas de opinión se ubican claramente en la línea de difundir a la sociedad información de carácter público, por lo que también, para términos de las presentes consideraciones son personas públicas. Tal apreciación encuentra sustento en la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, que en su artículo 7 fracción VII expresa: “Figura pública: La persona que posee notoriedad o trascendencia colectiva, sin ostentar un cargo público, y aquellas otras que alcanzan cierta publicidad por la actividad profesional que desarrollan o por difundir habitualmente hechos y acontecimientos de su vida privada”.

Por lo que, si bien todas las personas públicas o privadas tienen derecho a la intimidad, la propia imagen y demás derechos y prerrogativas contenidas en la leyes federales y locales, las personas públicas al tener un ámbito de interacción y reconocimiento mucho mayor frente a la sociedad en general, necesariamente ven limitado su actuar privado.

La intimidad de cualquier persona se divide en dos aspectos de acuerdo con Cremades, la física (enfermedades y situaciones que se relacionen directamente con la apariencia de una persona) y la psicológica (amores, simpatías y agonías), ésta constituye un derecho que implica no ser molestado o conocido en ciertos ámbitos íntimos. Se debe tener presente que existen datos sensibles que no deben pedirse y mucho menos darse a conocer.

Los datos sensibles a los que nos referimos anteriormente son aquellos que, en el caso de los profesionales de la información, dan a conocer sólo con la intención de hacer más espectacular la noticia o que tenga un impacto mayor. Por ejemplo, para seguir con Cremades en la intimidad psicológica, si se tratara de una persona que murió atropellada y la noticia fuera “muere atropellado homosexual”, el que se diga su preferencia sexual no tiene relación alguna con la noticia.

Si bien es cierto que la situación planteada anteriormente se relaciona con el tema de tratamiento de las noticias, consideré importante hacer una breve referencia con la intención de tener una perspectiva mucho más amplia sobre la vida privada y su relación con las personas.

Contextualizando jurídicamente y haciendo nuevamente referencia a la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen, vida privada, siguiendo al artículo 9, es aquella que no está dedicada a una actividad pública (servidor público, persona que es conocida a través de los medios, etcétera) y, que por ende, es intrascendente y sin impacto en la sociedad de manera directa. Por lo que esta persona realice para sí, su familia, amigos y demás situaciones que se relacionen directamente con el ejercicio de su vida, no tienen impacto alguno para la sociedad; a menos, claro que transgreda alguna ley o lineamiento social, ya que en ese momento su interactuar es público, y además, afecta a la sociedad.

El artículo 10 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen manifiesta que la materialización de la vida privada se da cuando se protege de conocimiento de la sociedad a la familia, domicilio, papeles o posesiones y todas aquellas conductas que se llevan a efecto en lugares no abiertos al público, cuando no son de interés público o no se han difundido por el titular del derecho. Es aquí donde se entiende que si una persona, como un actor, da a conocer aspectos de su vida privada, estos por su voluntad se despenden, (por decirlo de alguna manera), de su ámbito privado y son ahora de conocimiento público.

Debe necesariamente mantenerse una clara distinción entre lugares públicos y privados, sin la intención de ser simplista en el intento de determinar esta distinción, se puede llegar a la conclusión que se trata de un espacio público (en su acepción más amplia), aquél al que puede acceder cualquier persona (independientemente de que se pague o no), sin la invitación o autorización del propietario.

Ejemplo de lo anterior son la playas, cafés, plazas, cines, teatros, áreas comunes, entre muchas otras. El lugar en el que habita una persona, por definición es privado, no porque se permita el acceso a más personas se convierte en público; ésta persona permite que otras interactúen en su ámbito más privado. El artículo 11 de la Ley de Responsabilidad Civil para la Protección del Derecho a la Vida Privada, el Honor y la Propia Imagen es claro al determinar que como parte de la vida privada se tendrá derecho a la intimidad que comprende conductas y situaciones que, por su contexto y que por desarrollarse en un ámbito estrictamente privado, no están destinados al conocimiento de terceros o a su divulgación, cuando no son de interés público o no se han difundido por el titular del derecho.

Ahora bien, si se invita a personas públicas o las conversaciones y hechos acontecidos tienen relevancia para el público y la sociedad en general, los profesionales de la información, en el ejercicio del derecho a la información pueden darlo a conocer.

El actuar privado de las personas públicas debe se tratado con especial cuidado por los profesionales de la información, de acuerdo con una tesis aislada de la quinta época de la Suprema Corte de Justicia de la Nación la vida privada incluye al hogar, la familia y las actividades que realiza el individuo como particular; aunque evidentemente hay excepciones a lo anterior.

Una excepción podría ser si se trata de un servidor público, digamos el presidente, que en alguna declaración haya expresado su voluntad de luchar contra la discriminación y la violencia contra las mujeres, (recordando que es un ejemplo), y se le ve, cuando va corriendo en su jardín discriminando y arrojando un objeto con la intención de herir a una de sus empleadas.

Bien, primero debemos determinar que se trata de una persona pública en una acción como particular (ejercitarse), sin embargo por la importancia del hecho y el impacto que puede tener en la sociedad, independientemente de que se trate o no de conductas que pudieran ser constitutivas de delitos, debe darse a conocer el hecho a la sociedad.

El derecho a la vida privada también incluye el derecho al honor que puede definirse de acuerdo con el Tribunal Constitucional Español, como la estimación, el buen nombre y la reputación de sí mismo (dimensión sujetiva) y que tienen los demás (dimensión objetiva). Por lo que la informaciones de carácter hiriente, discriminatorio, etcétera son claramente contrarias a este derecho.

La Sociedad Interamericana de Prensa consideró que al momento de despenalizarse a nivel federal los delitos en contra del honor, se dio un gran paso para la libertad de expresión y el derecho a la información, aún queda pendiente que en todas las legislaciones locales también se despenalice.

La Ley de Imprenta en su artículo 1 denominado ataques a la vida privada, en realidad hace referencia al derecho al honor:

Toda manifestación o expresión maliciosa hecha verbalmente o por señales en presencia de una o más personas, o por medio de manuscrito, o de la imprenta, del dibujo, litografía, fotografía o de cualquier otra manera que expuesta o circulando en público, o transmitida por correo, telégrafo, teléfono, radiotelegrafía o por mensajes, o de cualquier otro modo, exponga a una persona al odio, desprecio o ridículo, o pueda causarle demérito o en su reputación o en sus intereses.

Las opiniones de carácter molesto o hiriente no deben ser por ningún motivo limitantes del derecho de la información, es aquí donde tienen plena aplicación los códigos éticos, el tratamiento de la noticia y la conciencia de cada profesional de la información. Lo que sí es un límite son los insultos ya que por lo general son innecesarios, no añaden algo a la información y su intención es sólo ofender.

Básicamente el derecho a la propia imagen protege la difusión, captación, reproducción y representación de su aspecto físico con su consentimiento. Al tratarse de una persona pública que se encuentra en un espacio público no es necesario el consentimiento de la misma. La caricatura no va en contra del derecho a la propia imagen ya que simplemente se trata de la opinión, en el ejercicio de la libertad de expresión, que se tiene sobre determinada persona pública.

Como última consideración me interesa precisar que las personas públicas tienen derecho a mantener su intimidad y vida privada lejos de las cámaras y del interés general, pero si su actuar tiene que ver con hechos de interés general, éstos debes darse a conocer. Igualmente con las personas que no son públicas o cuando den su consentimiento (ejemplo cuando Marta Sahagún permitió que una revista entrara a su casa y le dio detalles de su vida privada).

Video

2009-07-17T23:27:00.000-07:00

Breves sobre el derecho de acceso a la información

2009-07-17T09:46:00.000-07:00

Profesionales de la información

El derecho de acceso a la información pública posibilita que todas las personas sin necesidad de justificar las razones de las solicitudes puedan conocer el actuar de las personas que tienen a su cargo o se les destinan recursos públicos.

En la medida en que un estado favorezca el acceso a la información pública se considerará más democrático ya que posibilita que los ciudadanos conozcan cómo se desempeñan y qué hacen con los recursos, además de proporcionar certidumbre jurídica a la población.

La evaluación de los contenidos legales de las entidades federativas abre un panorama que posibilita la adecuación y evolución de las leyes con la intención de que las personas no sean menos favorecidas en algún momento.

Mientras la sociedad tenga mayor acceso a la información contenida en los archivos, comenzará a tener mayor confianza en sus autoridades ya que podrá evaluar efectivamente su gestión, y en el caso de que sea deficiente podrá tomar las medidas necesarias para que ya no estén en el poder. Fomentando así la democracia y la cultura de la transparencia.

Más consideraciones

2009-07-17T09:29:00.000-07:00

Profesionales de la información

No podemos negar que algunos profesionales de la información han dejado a un lado los ideales y se han dedicado a hacer noticias fáciles, ya no van directamente con la fuente, ya no analizan la noticia, ya no piensan en la mejor forma de darla, entre otras cosas. Ahora recurren a una agencia de noticias más grande que les da toda la información, claro, “digerida” para que sea aún más sencillo y por lo mismo no se toman la molestia de contrastar fuentes ni evaluar la veracidad de la misma, la forma de darla a conocer a la audiencia responderá a las necesidades y rentabilidad del mercado al que se dirija.

Sin embargo, aún contamos con grandes profesionales de la información que sí merecen esa denominación y que cumplen con su deber de informar a la gente.

Tal pareciera que se olvida que independientemente del profesional de la información del que se hable o de a que rama del periodismo a la que se dedique, éstos tienen una labor fundamental en la sociedad, el propio gobierno a nivel federal lo reconoce:

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.[1]

Los profesionales de la información, he decidido referirme a ellos de esta forma ya que considero que el término periodista es reducido[2][3], facilitan dos de las manifestaciones del derecho a la información y es por eso, por el derecho que promueven en la sociedad a través de su función que son indispensables.

México se perfila como un país donde se puede gozar del derecho de la información que es un derecho fundamental para el desarrollo de una sociedad, de acuerdo con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual emana también la libertad de expresión (aunque algunos autores consideran que es un derecho independiente) y el derecho a la información[4].

El derecho a la información tiene tres manifestaciones: la posibilidad de investigar, la de recibir y la de transmitir información. Los profesionales de la información la transmiten a través de los medios de comunicación colectiva y posibilitan que la sociedad la reciba.

Lo anterior no es un hecho excluyente, todas las personas de alguna forma ejercen el derecho a la información, considero que la distinción fundamental radica en que los profesionales de la información se auxilian de los medios de comunicación colectiva.

Estamos concientes de que cada vez más, los ciudadanos “comunes”[5] pueden presentar su información a través de noticias en los medios, sin embrago, aunque cuenten con el beneficio de haber estado presentes y demás situaciones; no cuentan con las bases y herramientas académicas, técnicas y metodológicas que tienen a su favor los profesionales de la información.

Es verdad que se ha perdido calidad en la forma en la que los profesionales de la información la dan a conocer pero queda en cada uno de nosotros conformarnos o no con ella; el ver, escuchar o leer determinado medio de comunicación colectiva[6] es una forma que tenemos para demostrar nuestra aprobación o no a los medios y sus contenidos, se hace un llamado a todas las personas que se dedican a la difusión de la información que eleven los estándares de contratación de fuentes, que realmente revisen antes de darla a conocer a la sociedad su veracidad. Básicamente que se eleve la calidad de los medios de comunicación colectiva en general.

“La comunicación se dirige a las masas”[7], me parece mucho más adecuado el término información, y sí, lo cual no es necesariamente malo, todos somos “la masa” y es derecho de todas las personas recibir información independientemente de la forma en la que se de; dependerá de cada una la intención o la utilización que le, la profundidad con la que sea entendida o el interés que adquiera.

Lamentablemente, algunos profesionales de la información no comprenden la importancia de su labor y que además, ellos son meros facilitadores de la misma, no con ello menosprecio su labor, en realidad entiendo su importancia; sin embrago algunos personajes, antes periodistas, caen en excesos y pretenden ser ellos mismos la noticia, no podemos seguir con situaciones parecidas si se pretende que la sociedad vuelva a tener confianza en ellos, que recuperen la credibilidad perdida.

“Los periodistas deben ejercer un control independiente del poder”[8] al tener los profesionales de la información las herramientas, medios y mecanismos para allegarse de la información, deben en todo momento vigilar el actuar del gobierno en todos sus niveles, deben ser la voz de los que no la tienen. Siempre que se mantengan altos estándares en cuanto a la investigación y fuentes de la información.

Es una realidad que los profesionales de la información alrededor del mundo son agredidos, lamentablemente en México, de acuerdo con Reporteros sin Fronteras y la Sociedad Interamericana de Prensa[9]; sufren mayores agresiones[10], las autoridades, la delincuencia organizada, entre otros actores, constantemente atacan a los profesionales de la información.
Uno de los problemas es que en México aún no contamos con todas la herramientas para hacer que estas situaciones no se den.

La reflexión desde la FNPI y La reinvención de los impresos

2009-07-16T16:56:00.000-07:00

Profesionales de la información

Ensayo

En principio todo periodismo es de investigación[1] ya que es requisito indispensable saber del hecho o información que se dará a conocer, pretende vigilar al poder y darle voz a aquellos que no la tienen.[2]

“El periodismo ha de vigilar a los escasos poderosos de una sociedad en representación de los muchos que no lo son, para así evitar las tiranías”[3]. Los profesionales de la información pretenden dar a conocer hechos e informaciones sobre los cuales han investigado y saben que son de interés general.

“Informar es esencialmente hacer asistir a un acontecimiento; es decir, mostrarlo, pasar al estadio en que el objetivo consiste en decir que la mejor forma de informar es asistir directamente”[4]. Evidentemente no podemos presenciar todos los acontecimientos nacionales, mucho menos lo internacionales; sin embargo, de una u otra forma éstos afectan nuestra cotidianeidad, por lo que aquellos que resulten de interés general o que sean indispensables para poder tomar mejores decisiones debemos conocerlos y esta posibilidad la da el periodismo.

Resulta por demás extraño que en los últimos tiempos se haya perdido de su verdadera labor el profesional de la información y diera lugar a protagonismos, desinformaciones[5] y subinformaciones[6].[7] De acuerdo con Víctor Roura se debe apostar por la calidad moral de los profesionales de la información a través de seminarios, platicas y conferencias; con la intención de recuperar los viejos lineamientos del periodismo, que no por antiguos dejan de ser necesarios para el ejercicio periodístico actual.[8]

Afortunadamente “los públicos se hacen cada vez más exigentes y más intolerantes ante la sospecha de parcialidad o de falla humana tan frecuentes en un oficio esencialmente falible”[9], las redacciones se deben preocupar porque las informaciones sean veraces y los hechos comprobables, independientemente de la tendencia del medio de comunicación colectiva.

“El mundo se le está escapando al periodismo”[10], aceptar como fatal la cita anterior implicaría inevitablemente su desaparición, el periodismo en esencia da a conocer a la sociedad el acontecer mundial y nacional; si el mundo se le está escapando ¿dónde quedará entonces su aportación?

La sociedad como en universo está en continuo movimiento el cual en sí mismo ocasiona cambios, no se puede apostar por un ejercicio de la labor periodística estático, hacerlo resultaría terrible para procurar su subsistencia, evidentemente los cambios son algo que se debe preveer en todo momento y el periodismo no queda excluido de lo anterior. Existen muchísimos ejemplos; sin embargo, el que nos interesa en esta ocasión es la internet[11] que da la posibilidad de acercarnos en segundos al acontecer mundial y nacional.

Evidentemente el papel del periodismo es procurar que sus sitios oficiales presenten información confiable y de forma oportuna “la gran deuda de los diarios en Internet sigue radicando en los contenidos poco originales y acuciosos”[12]. Lo necesario es ir adoptando mecanismos y medidas que hagan que esta labor no sea imposible de realizarse, se debe apostar por la especialización de los profesionales de la información con la intención de que no exista una saturación en cuanto a la carga de trabajo que a la larga va a ser imposible de afrontarse.

No sé si los medios impresos desaparecerán, seguramente encontrarán una forma de subsistir que sea menos perjudicial para el ambiente[13] y mucho más rentable[14] para los empresarios y para el público en general; una de estas formas es que los medios impresos mantengan contenidos diversos que los mostrados en internet y en los demás medios de comunicación colectiva.

No confío en que internet sea la solución a los problemas del periodismo actual, considero que sus problemas son de fondo y su solución debe ser global. Internet representa un nuevo medio en el que se puede expresar el periodismo, en este caso compite contra blogs y demás publicaciones contenidas en la red. De acuerdo con Walter Lippman “el periodismo no podría ser dejado en manos de personas no estrenadas para informar”[15], la aseveración anterior en México carece de toda validez ya que la mayoría de las personas que se dedican a la labor de informar no tienen el “entrenamiento” para desarrollar esa labor; quizá, en todo caso, primero debe promoverse la profesionalización de la profesión.

Lamentablemente no todas las personas tienen los recursos y mucho menos cuentan con las posibilidades de acercarse a una computadora que a la vez cuente con una conexión a la red[16], se afirma que es lamentable porque internet sí da la posibilidad de tener acceso a mucha información, ciertamente dependerá de los lectores y de los medios que se dan a conocer a través de ella la calidad informativa y la discriminación de la información.

Internet, los medios impresos y los medios de comunicación colectiva en general, tratándose del ejercicio periodístico y de la labor informativa deben volver a recuperar al interior de sus redacciones a aquéllos que eran considerados comprometidos sociales, de mentalidad independiente, convencidos de la labor informativa;[17] si lo que se pretende es que se recupere la confianza en su labor y se pueda mantener su profesión.

Periodismo de calidad. Propuesta de indicadores

2009-07-16T16:47:00.000-07:00

Profesionales de la información

Notas al libro de Darío Restrepo

Nada enajena más a una sociedad que aislarla de la realidad con un cerco mediático carente de credibilidad.
Yehya, Naief

Primero me gustaría hacer una recopilación de los indicadores para después poder hacer algunos comentarios. Dentro de los indicadores propuestos encontramos: independencia, compromiso con la verdad, libre acceso a fuentes, escrito o producido adecuadamente, correctamente editado, hecho para servir, que cuente con noticias oportunas, capaz de reconocer sus errores, que tenga libertad para informar, que mantenga rigor en la investigación, que esté comprometido con la sociedad.

El periodismo es una labor social, “ha de vigilar a los escasos poderosos de una sociedad en representación de los muchos que no lo son, para así evitar tiranías” , y como tal debe comprometerse con ella. Lamentablemente es común hoy en día, encontrarse con medios de comunicación colectiva cuya única intención es cumplir con los intereses de los empresarios a cargo.

Es un hecho por demás sabido que México ocupa a nivel internacional los mejores lugares en cuanto a inseguridad , problemas de salud y analfabetismo ; situación que es del todo desalentadora. Resulta complicado imaginar un periodismo de calidad en este tipo de sociedad, la labor de los profesionales de la información y de las personas que se dan cuenta de la problemática es impulsar medidas y mecanismos efectivos para cambiar dicha situación.

Necesitamos calidad en las escuelas, en los trabajos, en las universidades, en las comunicaciones, evidentemente en las profesiones, en su ejercicio, etcétera. Con relación al periodismo, es necesario que suban los estándares de calidad con la intención de que la sociedad en general esté mejor informada y con ello se facilite su actuar democrático “El problema de las naciones democráticas no radica en la libertad de expresión, sino en que quién controla los medios, cuáles son sus vínculos son el poder y qué clase de mensaje desea promover” .

A través de los medios de comunicación colectiva la mayoría de la sociedad se entera de lo que sucede dentro y fuera del país. Éstos medios posibilitan el derecho a la información y son uno de los más claros ejemplos de la libertad de expresión.

Definitivamente los medios de comunicación colectiva deben permanecer ajenos a intereses que no se relacionen con su labor de informar, hoy en día pareciera que esto es muy complicado y que tendríamos que apostar por las opciones pequeñas, “ajenas” al dinero y al poder; sin embargo tampoco son garantía “Que un medio informativo sea pequeño no es garantía de su compromiso con la verdad ni de su ética, así como tampoco se puede negar que el gran poder económico de algunos medios les permite llevar acabo tareas que los medios pequeños no pueden emprender” .

El ideal del periodismo contemporáneo, que surgió a principios de la década de los veinte y que ha dominado la práctica de la profesión desde los años cincuenta, contaba con que el proceso editorial estuviera desligado de los intereses de gobiernos, propietarios, anunciantes, y toda persona que tuviera otro interés que no fuera informar.
Sin prensa independiente, hasta las sociedades más abiertas y democráticas corren el peligro de corromperse. Sin la supervisión, el control y la presión que pueden ejercer los medios informativos, cualquier víctima puede ser víctima de los excesos. La prensa libre es quizá el único mecanismo digno de crédito que puede evaluar la veracidad de las informaciones gubernamentales, así como la legitimidad de los actos, promesas y posiciones oficiales. Éste es el medio que puede exigir cuentas, denunciar los abusos y responsabilizar a sus autores, así como reconocer los logros gubernamentales.

Retomar el rigor técnico, el adecuado uso del lenguaje, la credibilidad de la población y el compromiso con la veracidad, son la clave para que los medios de comunicación colectiva y los profesionales de la información recuperen su compromiso con la sociedad.

La veracidad de la información incluye que las fuentes sean contrastadas con la intención de que la información se acerque mucho más a la realidad. Es necesario que antes de dar a conocer una información se delimite si ésta es o no de interés público.

La información de entretenimiento encuentra su justificación en la necesidad de que la gente tenga “distracciones” que la ayuden a continuar con los acontecimientos de la vida. No es necesariamente perjudicial, siempre y cuando mantenga una clara línea de respeto hacia el entorno (por ejemplo que no incite al odio o a la discriminación) y que se identifique con el bien público .

Es indispensable que los medios de comunicación colectiva en general, hagan claras distinciones entre la información y las opiniones que los comentaristas pudieran tener sobre la misma.

No considero que se deba hablar de “códigos de ética” de los profesionales de la información ya que el término está mal empleado; en realidad, debe hacerse un llamado para que las personas que trabajan en los medios de comunicación colectiva y los profesionales de la información en general recuerden que su labor es social.

El ejercicio periodístico es una labor que al menos en México es de alto riesgo por los innumerables problemas a los que se enfrentan los profesionales de la información, entre ellos unos de los más importantes son las amenazas, secuestros, atentados, homicidios, entre muchos otros. Los principales actores son la delincuencia organizada, el narcotráfico y las propias instituciones.

Otra consecuencia grave es la autocensura, debido al grado de impunidad del que gozan los agresores de profesionales de la información y de los medios de comunicación colectiva. Por un lado están los profesionales de la información que prefieren mantenerse en esa línea como Gregorio Medina del diario El Debate de Mazatlán “no queremos ser héroes y tampoco víctimas” , y por el otro Sergio Haro director del semanario Siete Días “Después de más de dos décadas de experiencia, sé que es muy riesgoso publicar los temas de narcotráfico y de violencia, pero estoy convencido de que deben investigarse y darse a conocer. De lo contrario me volvería cómplice y para eso mejor me dedico a otra cosa” .

“Más allá de la protección de un periodista o de una persona para que pueda ejercer su libertad de expresión, defendemos y promovemos el derecho público a recibir información sin cortapisas” esto es lo que representan los profesionales de la información y por esa situación es de especial importancia procurar su seguridad.

Cine, declaraciones oficiales, y racismo: Black Hawk Down

2009-07-16T09:20:00.000-07:00

Notas de interés general. Reseña

Cine

Las películas de una nación reflejan su mentalidad.

Siegfried Kracauer.

Ridley Scott, director del filme Black Hawk Down afirmó “no se trata de un filme nacionalista ni patriótico” sin embargo los hechos tras el estreno de su película nos muestran que evidentemente tiene ese sentido, de hecho puede ser catalogada como una más de las películas estadounidenses que pretenden mostrarlos como los salvadores del mundo, por mencionar algunas de las películas que quizá podrían estar de este nuevo género del cine nos encontramos a Rescatando al soldado Ryan, Terms of Engagment, la miniserie Band of Brothers, Colateral Damage, Nose Bleed, Big Trouble, Lágrimas del sol, We were Soldiers, entre muchas otras. El productor de Black Hawk Down Jerry Bruckheimer afirmó:

Hollywood no dejará de hacer cine de guerra tras el 11 de septiembre. Da igual lo que ustedes lean o lo que se diga. El cine bélico es un género que no desaparecerá. Quizá desaparezcan las películas tipo Rambo pero poco más. Es pronto para decirlo, pero seguramente se hará también una película sobre el 11 de septiembre ¿Por qué no si hay una buena historia? Una televisión está ahora mismo preparando una película sobre aquel día, concretamente sobre el avión que cayó en Pensilvania.

La película está basada en una serie de artículos para el periódico Philadelphia Inquirer convertidos después en un libro escrito por Mark Bowden intitulado Black Hawk Down: A Story of Modern War, la cual básicamente relata los acontecimientos del 3 de octubre de 1993 en el sur de Mogadishu, capital de Somalia que tenía por objeto capturar a algunos de los ayudantes del general Aidid, que se suponía eran cómplices de un ataque efectuado el 5 de junio de 1993 en contra del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas.

La trama central y el porque del título de la película se debe a que durante la operación dos helicópteros estadounidenses UH-60 Black Hawk fueron derribados por la población somalí, la cual luce aún mejor organizada que las tropas estadounidenses y por alguna razón mejor armada. Este hecho se analizará más adelante.

Evidentemente la película es contada desde la perspectiva de los soldados estadounidenses, me parece con la intención de mostrar al mudo, además del bien que le hacen a la humanidad, que también tienen familias que los extrañan, esto definitivamente no se pone en duda, el problema es la idea de vender a la guerra como algo “bueno” que además todos deben aceptar como la única forma de alcanzar la paz mundial, por contradictorio que resulte.

Es una película sobre el valor de unos soldados, unos soldados que al final no piensan en naciones; piensan en el compañero que se muere a su lado y al que tienen que salvar.[8]

El estreno de Black Hawk Down se adelantó tras los atentados del 11 de septiembre en contra de los Estados Unidos de América, tras los cuales Ridley Scott mencionó: “Lo creímos oportuno dada la visión heroica que ofrece el filme de los soldados estadounidenses… La sociedad norteamericana está muy sensibilizada con este asunto y eso, desde luego, ha beneficiado a esta película”[9].

De acuerdo con Noham Chomsky en su libro El Nuevo Humanismo Militar: “La invasión de Somalia, comenzada por papá Bush, y aprobada por Colin Powell, entonces jefe del Pentágono, y luego continuada por Clinton, fue hecha bajo el manto de ‘humanitaria’ para ‘alimentar a los hambrientos’ de ese país. Pero el único ‘alimento’ que recibieron fue de plomos”[10].

Para varias personas, la intromisión de las fuerzas militares estadounidenses fue por intereses completamente diferentes a los perseguidos por las Naciones Unidas “varias empresas petroleras norteamericanas, incluyendo Conoco, Amoco, Chevron y Philips, habían logrado concesiones multimillonarias para explorar y explotar las ricas reservas petroleras de Somalia durante el gobierno del presidente Mohamed Siad Barre (de hecho, la oficina de Conoco en Mogadishu también era la sede de la embajada y cuartel militar de EEUU). Somalia podría ser una base estratégica en la costa del Mar Arábigo. La intervención militar norteamericana fue necesaria cuando Barre fue derrocado por el clan dirigido por Mohamad Farah Aidid” [11]. Acontecimientos que lograron que Estados Unidos de América dejara de ver a Somalia como un lugar estable para mantener sus compañías.

Y de acuerdo con la actuación internacional de Estados Unidos de América la afirmación anterior no parece del todo descabellada, aún todos recuerdan la invasión a Irak para encontrar las armas de destrucción masiva, las cuales, por cierto, nunca aparecieron.

Definitivamente Estados Unidos de América se aprovechó de su puesto permanente dentro del Consejo de Seguridad para intentar conseguir sus fines, tal y como ha sucedido en incontables ocasiones.

Declaraciones oficiales[12]

El mundo se ha vuelto más pequeño desde entonces. El terrorismo es la voz del hambre, no de la religión. Es la rabia de los hambrientos… Estados Unidos se han convertido en la policía del mundo. Ningún país ha querido dar ese paso y alguien tenía que hacerlo… Que no me hablen a estas alturas de derechos civiles.

Ridley Scott[13].

El papel de las Naciones Unidas en su búsqueda porque el mundo sea mucho más pacífico y existan menos diferencias entre sus habitantes muchas veces puede resultar controversial y algunas otras plausible. Definitivamente la intención de este trabajo no es determinar si en al caso de Somalia se actuó adecuadamente o no por parte del Consejo de Seguridad[14] de la Naciones Unidas.

La operación de las Naciones Unidas en Somalia (ONUSOM I) tuvo una duración corta (de abril de 1992 a marzo de 1993), se estableció a través de la resolución 751 el 24 de abril de 1992 para supervisar el alto total al fuego y ayudar con la entrega de alimentos y medicinas para la población civil, por encontrarse atrapados en una guerra civil.

Función: establecida para supervisar la cesación del fuego en Mogadishu, la capital de Somalia, y ofrecer protección y seguridad al personal de las Naciones Unidas, equipo y suministros a los puertos de mar y aeropuertos de Mogadishu, y escoltar las entregas de suministros de ayuda humanitaria desde éstos a los centros de distribución de la ciudad y a los de sus alrededores. En agosto de 1992, se ampliaron el mandato y la dotación de la ONUSOM I para que ésta pudiera proteger los convoyes humanitarios y los distintos centros de distribución en Somalia. En diciembre de 1992, tras un deterioro de la situación en Somalia, el Consejo de Seguridad autorizó a los Estados Miembros para formar la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con el fin de establecer un entorno seguro para la prestación de asistencia humanitaria. La UNITAF trabajó en coordinación con la ONUSOM I para proteger los principales centros de población y garantizar la prestación y distribución de la asistencia humanitaria.[15]

La ONUSOM I intentó detener los conflictos internos y ayudar a reconstruir las instituciones básicas para un estado viable, después de un año de guerra civil que le provocó a la población hambruna y múltiples enfermedades[16]. El país carecía de algún gobierno central y unificado desde 1991[17]. El 28 de abril de 1992 el Secretario General de las Naciones Unidas nombró a Mohammed Sahnoun de Algeria, como Representante Especial para Somalia.

Por estas situaciones el Consejo de Seguridad impuso en 1992 la resolución 733 en la cual se ordenaba un embargo total de armas y se hizo un llamado para la ayuda humanitaria. También se aprobó la resolución 746 en la que se instaló formalmente la ayuda humanitaria y se envió un equipo para valorar la situación e informar sobre los avances. La fecha para la cesación del fuego y el alto a las hostilidades fue fijada para el 3 de marzo de 1992, situación que no sucedió. Por lo que fue necesario desplegar personal para proteger a los miembros de las Naciones Unidas y a las actividades de asistencia humanitaria.

En el inicio la ONUSOM I envió observadores desarmados a Somalia, sin embargo la situación continuaba empeorando “la desesperada y complicada situación de Somalia requerirá esfuerzos enérgicos y continuados por parte de la comunidad internacional para romper el círculo de violencia y hambre”[18].

En la resolución 767 se establecieron cuatro zonas de operaciones (Berbera, Bossasso, Mogadishu y Kismayo) para poder supervisar la ayuda humanitaria y conseguir auxiliar a más personas. Sin embargo para el 14 de septiembre de 1992 se consideró necesario contar con personal de seguridad en Mogadishu debido a las condiciones inseguras.

El Secretario General de las Naciones Unidas creó el Plan de acción de 100 días[19] que tenía ocho objetivos:

1. Provisión masiva de ayuda alimentaria.
2. Expansión dinámica de alimentos complementarios.
3. Provisión de servicios básicos de salud e inmunización en masa contra el sarampión.
4. Provisión urgente de agua potable, saneamiento e higiene.
5. Provisión de materiales para refugiarse, mantas y ropa.
6. Distribución de semillas, herramientas y vacunas para animales al mismo tiempo que las raciones de comida.
7. Prevención de nuevos flujos de refugiados y la promoción de programas de repatriación.
8. Establecimiento de las instituciones y rehabilitación de la sociedad civil.

Los desacuerdos entre las facciones de somalíes (dentro de éstas las dos más importantes estaban al mando Mohamad Farah Aidid y de Ali Mohamed Mahdi) imposibilitaban la ayuda humanitaria y que el plan de acción cubriera todo el país. Como una muestra de los múltiples desacuerdos entre estas dos facciones se cita:

El 28 de octubre el General Mohamad Farah Aidid declaró que no se toleraría más al batallón paquistaní de la ONUSOM en Mogadishu. También ordenó expulsar al Coordinador de la ONUSOM de la Asistencia Humanitaria en un plazo de 48 horas. Posteriormente, las fuerzas del General Mohamad Farah Aidid dispararon y bombardearon a las fuerzas de la ONUSOM que controlaban el aeropuerto y las fuerzas del Sr. Ali Mohamed Mahdi bombardearon a los barcos que transportaban alimentos cuando éstos intentaban entrar en el puerto de Mogadishu. El General Aidid se opuso a que las Naciones Unidas controlaran el aeropuerto; el Sr. Ali Mohamed Mahdi quería que la ONUSOM se hiciera con el control absoluto del puerto. El 13 de noviembre, tras ser objeto de disparos con ametralladoras, fusiles y morteros, las tropas pakistaníes que controlaban el aeropuerto devolvieron los disparos.[20]

El 8 de noviembre de 1992 Mohammed Sahnoun renunció al puesto de Representante Especial y fue sustituido por Ismat Kittani de Iraq.

El 3 de diciembre de 1992 fue aprobada la resolución 794 por el Consejo de Seguridad en la que los Estados Unidos de América se ofrecieron a ayudar a crear un entono seguro para la entrega de suministros de ayuda humanitaria: “autorizó, con arreglo al capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas el empleo de ‘todos los medios necesarios’ para llevarlo a cabo. La resolución 794 pidió a los estados que proporcionaran fuerzas militares y que hicieran contribuciones adicionales en efectivo o en especie para la operación”[21]. A partir de este momento inició la Fuerza de Tareas Unificada (UNITAF) con la intención de que todos los estados participaran económicamente o con fuerzas militares para lograr el restablecimiento de la paz en Somalia.

George Bush tras en “encargo” del Consejo de Seguridad inició la operación Devolver la esperanza en la cual Estados Unidos de América tomó el control de la operación encomendada en la resolución 794.

Los Estados Unidos de América se han comprometido a tomar la iniciativa de crear el entorno seguro que es una condición indispensable para las Naciones Unidas a efectos de proporcionar socorro humanitario y fomentar la reconciliación nacional y la reconstrucción económica, objetivos que, desde el principio se han incluido en las distintas resoluciones del Consejo de Seguridad sobre Somalia.[22]

Durante la acción de la UNITAF se convocó a una reunión preparatoria para tratar el tema de la reconciliación y la unidad nacional. A esta reunión asistieron 14 miembros de las diferentes facciones de Somalia y terminó con tres acuerdos[23]: el Acuerdo General de 8 de enero de 1993, el Acuerdo sobre el cumplimiento de la cesación del fuego y sobre las modalidades de desarme y el Acuerdo sobre el establecimiento de una comisión ad hoc para la Conferencia sobre la Reconciliación Nacional.

El 3 de marzo de 1993 el Secretario General presentó ante el Consejo de Seguridad la necesidad de cambiar de la UNITAF a la Operación de las Naciones Unidas en Somalia II (ONUSOM II) debido a que aún no existía un gobierno estable en Somalia, la ayuda humanitaria no había podido entregarse de forma óptima y los ataques seguían existiendo en contra de la población civil y de los miembros de las Naciones Unidas.

… el Secretario General concluyó que si el Consejo de Seguridad determinaba que había llegado el momento de que se efectuara la transición de la UNITAF a la ONUSOM II, ésta última tendría que estar dotada de poderes coercitivos con arreglo a lo dispuesto en el capítulo VII de la carta de las Naciones Unidas para establecer un entorno seguro en toda Somalia. Por tanto, la ONUSOM II trataría de completar la tarea iniciada por al UNITAF para la restauración de la paz y la estabilidad en Somalia. El nuevo mandato también facultaría a la ONUSOM II para ayudar a los somalíes a reconstruir su economía, política y sociedad, mediante la consecución de una reconciliación nacional que permitiera recrear un Estado somalí democrático.[24]

La ONUSOM II se estableció a través de la resolución 814 el 26 de marzo de 1993 y duró dos años (de marzo de 1993 a marzo de 1995[25], año en que debido a varios incidentes violentos y ataques se retiraron los soldados de las Naciones Unidas). Encabezada por Estados Unidos de América tenía entre sus principales fines:

… supervisar la cesación de las hostilidades, impedir la reanudación de la violencia, confiscar pequeñas armas no autorizadas, mantener la seguridad en los puertos, los aeropuertos y las líneas de comunicación necesarias para el envío de asistencia humanitaria, continuar con la remoción de minas, y ayudar en la repatriación de los refugiados en Somalia. También se le encomendó a la ONUSOM la tarea de prestar asistencia al pueblo somalí para reconstruir su economía y su vida social y política, restablecer la estructura institucional del país, obtener una reconciliación política nacional, recrear un Estado somalí basado en el gobierno democrático y rehabilitar la economía y la infraestructura del país.[26]

Se recomendó que las operaciones se llevaran a cabo en cuatro fases[27]: (1) el traspaso del control operacional de la UNITAF, (2) el despliegue y la consolidación eficaces del control operacional de las Naciones Unidas en Somalia y en las regiones fronterizas, (3) la reducción de la actividad militar de la ONUSOM II, y la asistencia a las autoridades civiles para que procedan con mayor responsabilidad y (4) el redespliegue o la reducción de las fuerzas de la ONUSOM II.
En marzo de 1993 el Secretario General nombró a Jonathan Howe de los Estados Unidos de América como su nuevo Representante Especial para Somalia y como Comandante de la Fuerza de la ONUSOM II al Teniente General Çevik Bir de Turquía.

Del 11 al 13 de marzo de 1993 se convocó a la Conferencia sobre Asistencia Humanitaria a Somalia y se celebró en Addis Abeba el 15 de marzo de 1993 en la que los miembros de 15 movimientos políticos firmaron el 27 de marzo de 1993 el Acuerdo del primer periodo de sesiones de la Conferencia sobre la Reconciliación Nacional en Somalia[28], éste contaba con cuatro partes: desarme y seguridad, rehabilitación y reconstrucción, restitución de bienes y arreglo de las controversias, y mecanismos de transición.

Sin embargo una de las facciones, la de Mohammed Farah Aidid decidió no formar parte del acuerdo y el 5 de junio de 1993 comenzaron violentos ataques en contra de las demás facciones y de las personas que formaban parte de la ONUSOM II, el 8 de junio de 1993 las demás facciones somalíes condenaron los ataques. La ONUSOM II en respuesta a los ataques inició una acción militar el 12 de junio de 1993 “liberó a Radio Mogadishu del control del Congreso de la Unidad Somalí/ Alianza Nacional Somalí (USC/SNA), la facción del General Aidid, e inutilizó o destruyó las armas y el equipo de la milicia encontradas en una serie de lugares de almacenamiento e instalaciones militares clandestinas”[29].

El 17 de junio de 1993 el Representante Especial Jonathan Howe hizo un llamamiento para que el general Mohammed Farah Aidid se entregara pacíficamente y para que convenciera a sus seguidores que dejaran las armas; evidentemente no se obtuvo respuesta y se instruyó al Comandante de la Fuerza de la ONUSOM para que detuviera al general Mohammed Farah Aidid con la intención de que fuera investigado por los ataques de 5 de junio de 1993.

3 de octubre de 1993, esta fecha es de suma importancia para el presente trabajo ya que es cuando se dan los ataques a la capital de Somalia Mogadishu y en los que encuentra su fundamento el filme Black Hawk Down. Ahora es cuando podemos cuestionar la veracidad de las declaraciones oficiales y el cine. De acuerdo con el sitio web de las Naciones Unidas:

En apoyo al mandato de la ONUSOM II, se desplegaron en Mogadishu las fuerzas de los Estados Unidos de América: los Rangers estadounidenses y la Fuerza de Reacción Rápida. Estas fuerzas no estaban bajo el comando y control de las Naciones Unidas. Como parte del programa coercitivo, los Rangers iniciaron una operación en el sur de Mogadishu el 3 de octubre de 1993, que tenía por objeto capturar a algunos de los principales ayudantes del General Aidid, quienes estaban bajo sospecha de haber sido cómplices en el ataque del 5 de junio y en ataques posteriores en contra del personal y las instalaciones de las Naciones Unidas.[30]

Si los Rangers estadounidenses y sus demás tropas de élite no estaban bajo el control de las Naciones Unidas, definitivamente no formaban parte de la ONUSOM II, por lo que su intromisión al conflicto es ilegal. Al no formar parte de las fuerzas armadas de las Naciones Unidas, no se les podía obligar para que cumplieran con los fines de la ONUSOM y mucho menos para que siguieran sus políticas. De acuerdo con la cita anterior tal pareciere que las Naciones Unidas pretenden matizar la intromisión de estas tropas considerándolas como parte del programa; sin embargo no lo son.

Se suponía que la acción sería limpia; al no serlo no se pudo ocultar al mundo que las fuerzas norteamericanas en Somalia no estaban bajo la autoridad de la ONU (como las tropas italianas, malayas y pakistanies), sino que además tenían su propia agenda de prioridades y su propia opinión sobre quienes debían gobernar y cómo el país.[31]

Evidentemente en el filme Black Hawk Down tampoco se hace esta diferenciación, de acuerdo con las Naciones Unidas:

La operación consiguió detener a 24 sospechosos, incluidos dos de los principales ayudantes del General Aidid. Durante la operación, dos helicópteros estadounidenses fueron derribados por integrantes de la milicia somalí, dieciocho soldados estadounidenses perdieron sus vidas y 75 resultaron heridos. Un piloto de la misma nacionalidad fue capturado y posteriormente liberado el 14 de octubre de 1993. Los cuerpos sin vida de los soldados estadounidenses estuvieron sujetos a actos de escarnio público, y las escenas fueron emitidas por los canales de televisión de todo el mundo.

Es importante mencionar que se trataba de la milicia de una facción en contra de los acuerdos celebrados entre las demás facciones, nunca de la sociedad civil que de acuerdo con el filme fue la que logró derribar los helicópteros y quitarle la vida a varios de los miembros de las fuerzas estadounidenses. Las escenas de suma violencia en contra de los estadounidenses le dieron la vuelta al mundo y por ninguna razón son justificables, sin embargo ni en la película, ni en el sitio web de las Naciones Unidas se hace mención sobre las miles de escenas de violencia en contra de la sociedad civil en los ataques del 3 de octubre de 1993.

Después de los acontecimientos del 3 de octubre de 1993, el presidente de estados Unidos de América William Clinton anunció la intención de retirar las fuerzas de Somalia para el 31 de marzo de 1994[33].

En febrero de 1994 el Representante Especial Jonathan Howe terminó su encargo y se designó a Lansana Kouyate. El 24 de marzo de 1994, las dos facciones más importantes de Somalia firmaron en nombre del Grupo de 12 y la SNA, la Declaración sobre la Reconciliación Nacional, en la que repudiaron cualquier forma de violencia como medio para resolver los conflictos y se comprometieron a aplicar una cesación del fuego y un desarme voluntario. Con lo que se restablecería la paz en Somalia.

Lamentablemente se informó el 14 de octubre de 1994 a través del Secretario General de la Naciones Unidas que la reconciliación nacional no se estaba llevando eficientemente, por lo que las condiciones de inseguridad se deterioraban.

Mediante la resolución 954 se decidió prorrogar el mando de la ONUSOM II hasta el 31 de marzo de 1995.

El 21 de febrero de 1995, se firmó un acuerdo de paz entre el General Aidid y el Sr. Ali Mahdi, en representación de la SNA y la SSA, respectivamente, para fomentar la reconciliación nacional y un arreglo pacífico de las controversias. En aquel acuerdo, ambas partes concertaron un acuerdo a fin de ejercer el poder de forma compartida. Prometieron no intentar obtener la presidencia a través de medios militares sino que mediante elecciones democráticas, y acordaron resolver las disputas mediante el diálogo y medios pacíficos y accedieron a formar una plataforma común para tratar de resolver los problemas. El Acuerdo también incluía una serie de disposiciones para el confinamiento de "técnicos" en las zonas designadas y desalentaba el llevar armas de modo ostensible en las calles de Mogadishu. Además, hacía un llamamiento a la eliminación de los controles de carretera y a la reapertura de los principales mercados. El puerto marítimo se abrió al tráfico comercial el 9 de marzo de 1995.[34]

La intervención de las Naciones Unidas en Somalia logró auxiliar a la población civil proporcionándoles ayuda humanitaria, promover múltiples acuerdos entre las facciones en conflicto; lamentablemente también respaldó la intervención de tropas que no pertenecían a la ONUSOM y en ningún momento condenó su actuación.

Racismo

El General William F. Garrison, de los Rangers, atestiguando ante el Senado en Washington, dijo que si sus hombres hubiesen disparado más municiones contra la ciudad “la hubiéramos hundido”. La mayoría de los soldados entrevistados dijeron que a través de la batalla disparaban contra multitudes y contra cualquier cosa o persona que veían.

Bowden[35].

Múltiples de las críticas de Black Hawk Down tienen que ver con el hecho de que durante la realización del filme no se apegaron a lo que sucedió en la realidad, al mostrar a la sociedad civil como la causante de las muertes de los soldados estadounidenses se promueven varias imágenes: una de ellas es una sociedad de acuerdo con la guerra en su país y en contra de la ayuda humanitaria, otra es una sociedad que pretende acabar a como de lugar con los extranjeros que se entrometen en su país y otra, entre tantas que hay, una sociedad “salvaje” sin sentimientos de respeto, amor y compasión por la vida.

Lo anterior genera odio que lleva al racismo[36], no se pretende afirmar que esto siempre sucede, sin embargo en esta ocasión así fue, se logró que la sociedad estadounidense en general, sobre todo las fuerzas armadas llegaran a la concusión que si la población en Somalia (aunque fuere un hecho falso) no respetaba la vida de los soldados estadounidenses, ellos no tenían porque respetar la suya.

Por supuesto a lo largo de la película se muestra a una sociedad conformada por “islamitas negros enloquecidos”[37], tras las imágenes mostradas sin el cuidado necesario y mucho menos la contextualización adecuada “cuando se tumbó un helicóptero Halcón Negro… los noticieros de EEUU presentaron a los soldados estadounidenses que eran arrastrados por las calles de la ciudad por somalíes jubilosos” lograron que la sociedad norteamericana se sintiera atacada y profundamente ofendida, evidentemente porque la mayoría no tenía conocimiento de lo que realmente sucedía. Ridley Scott y Ewan McGregor comentaron: “Yo no veo la operación como un triunfo ni como un desastre. Cuento lo que sucedió y presento un informe realista del incidente. Quedé fascinado por el material. Una misión del ejército más meticuloso y preciso del mundo que sale mal, advierte Scott. Sentimos con pasión que debíamos hacer justicia a los soldados. En cierta forma me convertí en uno de ellos y acepté la responsabilidad de reflejar los acontecimientos con la mayor exactitud posible. Sentimos enorme respeto por las tropas y los familiares de las víctimas, que posiblemente verán la película, añade Ewan McGregor”[38].

Me parece que la película debía ser mucho más cuidadosa con la forma de contar la historia y si definitivamente quería mostrar al mundo ese acontecimiento, debió haberlo hecho apegada a la realidad de los acontecimientos, no buscando en ningún momento poner personajes buenos y malos. Además de que no se debió exagerar sobre los líderes llegando incluso a inventarlos ni sobre el supuesto abastecimiento recibido por los somalíes.

Bowden cortó párrafos donde se hablaba de las víctimas de las balas norteamericanas, civiles desarmados, incluyendo mujeres y niños. Tan sólo una familia apellidada Weheliya, que aún vive en donde cayó el primer helicóptero, perdió a siete miembros (cuatro adultos y tres niños) cuando todos sus integrantes fueron secuestrados por los soldados estadounidenses para obligar a los milicianos a retirarse, como señala el New York Times del 22 de enero de 2002.[39]

De acuerdo con Alex Cox: “muchos de los soldados de las fuerzas estadounidenses de elite carecían del entrenamiento necesario y eran profundamente racistas (creyentes de la supuesta supremacía de los blancos, para ser preciso). El comité de las fuerzas armadas de la Cámara baja determinó, en su informe titulado An Assessment of Racial Discrimination in the Military: a Global Perspective, del 30 de diciembre de 1994 (publicado por la US Government Printing Office), que el racismo abierto era muy común en cuatro de 19 bases seleccionadas al azar. Y el documento The Secretary of the Army's Task Force Report on Extremist Activities, Defending American Values, del 21 de marzo de 1996, dice que, particularmente en las fuerzas de élite y de operaciones especiales, el hecho de que los combatientes estén en unidades sin diversidad étnica engendra actitudes de superioridad racial entre los soldados blancos”[40] publicado en el diario británico The Independent.

De acuerdo con Naief Yehya “La misión en Somalia terminó en un desastre, Clinton retiró a sus tropas y el resto de los soldados de las Naciones Unidas se retiraron poco después. Los gobiernos de Canadá, Italia y Bélgica llevaron a cabo investigaciones respecto de la conducta de sus soldados en Somalia; el régimen canadiense incluso enjuició a varios de sus milicianos. En Estados Unidos no se realizó investigación alguna con respecto a la matanza”[41].

Es necesario que los soldados alrededor del mundo cuenten con entrenamiento sobre el campo de batalla y demás instrumentos necesarios para poder sobrevivir al enfrentarse a situaciones hostiles o desastres naturales, pero también es muy necesario que se les oriente sobre las demás culturas, economías y políticas en el mundo. Es indispensable que se elimine por completo del ejército los sentimientos de “supremacía” y de odio racial.

La educación como práctica de la libertad

2009-07-16T08:17:00.000-07:00

Notas de interés general. Reseña

Libro de Paulo Freire

Una reforma democrática o una acción democrática en general debe hacerse no sólo con el consentimiento del pueblo, si no con sus propias manos [...].
Zevedei Barbu

En La educación como práctica de la libertad se realiza un estudio sociológico, psicológico y hasta patológico de la sociedad brasileña. La cual según las estadísticas mundiales se ubica al igual que la mayoría de los países de América dentro de la categoría de “tercer mundo”; esta clasificación se basa en aspectos económicos, de educación y de producción. Se menciona claramente que es un acercamiento a Brasil y a su gente, por lo tanto, se espera no se compare con más países; aunque las propuestas y el estudio podrían funcionar para aquellos países que se encuentren en situaciones similares.

El problema que existe en países como México o Brasil, es que tienen leyes e instituciones exportadas:

El error político podríamos denominarlo una ‘falacia abstractiva’: se piensa que el mejor régimen para Europa o Estados Unidos puede servir en África, Asia o América Latina. Las formas de gobierno deben responder a la historia, a la cultura, a las circunstancias coyunturales [...] la participación simétrica de los miembros de la comunidad que institucionaliza el poder político según sus propias tradiciones.

Es por eso que encontramos grandes problemas y contradicciones en la política de nuestros países, nuestra historia se basa en imposiciones de otros; fuimos colonias y tal pareciere que se mantiene un pensamiento de sumisión.

Debemos comenzar a ser libres de pensamiento, aunque aquellos que lo intenten serán separados de la sociedad en general -“subversivos”, “grilleros”...-, y enviados lejos de su patria, de su gente; con la intención de que no transmitan sus ideas. Pero, aún así, se deberá correr el riesgo.

El hombre radical en su opción, no niega el derecho de otro a optar. No pretende imponer su posición, dialoga sobre ella. Está convencido de su acierto, pero respeta en otro el derecho de juzgarse también dueño de la verdad, intenta convencer y convertir, pero no oprime a su oponente; tiene el deber, por una cuestión de amor, de reaccionar con violencia a los que pretenden imponerle silencio.

Debemos comenzar a cuestionarnos sobre todo lo que nos rodea, no es posible que sólo nos dediquemos a ver y escuchar; que nos neguemos el derecho de saber por qué es que suceden las cosas. Dejar de ser “objetos” para comenzar a ser sujetos racionales, pensantes y críticos. Debemos dudar hasta de nosotros mismos y saber que somos imperfectos, razón por la cual podremos en todo momento adoptar nuevas ideas, quizá contrarias a las anteriores; pero siempre después de haber desarrollado un ejercicio crítico.

Hay muchos factores que evitan que la sociedad evolucione y comience a pensar por sí misma, uno de ellos es la educación. Desde pequeños se nos enseña lo esencial, lo indispensable; no se motiva un espíritu emprendedor y crítico. Ya en los niveles superiores se intenta subsanar ese error pero ¿habrá aún tiempo? Existen grandes escritores que comenzaron a leer (en forma) a los 25 años; esto nos demuestra que lo único que se necesita es la voluntad de querer hacer algo. La obligación de proporcionar una mejor educación (socialización) proviene del hogar, de las personas que están a cargo de él.

La pedagogía política puede enseñar práctica y teóricamente el “Estado de democracia”, desde la infancia en el hogar (por padres que exigan razones a sus hijos y acuerden decisiones por consenso respetuoso), [...].

Pero, no creo que sea tan sencillo decidir cambiar, ya que para hacerlo, es necesario que se sepa lo que está mal. Existen muchísimas personas que no tienen idea de lo que les sucede, se encuentran íntimamente ligadas al sistema y funcionan como “objetos” del mismo. La educación debe tener un sentido humanista, se debe terminar con la analfabetización ya que además de enseñarlos a leer y escribir, se les brindarán las herramientas indispensables para comenzar a pensar, a ser más libres.

Toda la tarea de educar, sólo será auténticamente humanista en la medida en que procure la integración del individuo a su realidad nacional, en la medida en que le pierda miedo a la libertad, en la medida en que pueda crear el educando un proceso de recreación, de búsqueda, de independencia, y a la vez, de solidaridad.

El crecimiento de los pueblos de América Latina no es sólo obligación de los gobiernos, es también responsabilidad de su población. Aquellos que sepan lo que está sucediendo y lo que no funciona del sistema, deberán hacerlo del conocimiento de los demás y así sucesivamente. Ya que nuestra evolución y crecimiento como naciones depende de cada uno de nosotros.

PARTE V, VI Y VII

2009-07-14T10:47:00.000-07:00

Profesionales de la información

V Periodistas en la mira

Si bien, en nuestro país las leyes respaldan la libre manifestación de ideas, las autoridades encargadas de hacer valer la carta magna no garantizan la integridad de las personas dedicadas a la publicación de información y contenidos.

A pesar de lo instituido como un derecho para los mexicanos, en los últimos años las intimidaciones, secuestros, atentados y homicidios contra periodistas se han incrementado por el simple hecho de ejercer su profesión.

A pesar de todo, datos de la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras, que recogen los medios nacionales, nos hablan de una realidad que hace que la piel se erice, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo a nivel mundial tan sólo después de Irak, la diferencia es que Irak es un país en guerra, y México es un país libre, democrático y supuestamente defensor de los derechos humanos.

En América Latina, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Durante los gobiernos federales panistas –últimos ocho años– 24 comunicadores y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho han desaparecido y decenas han sido amenazados y agredidos por situaciones ligadas con el ejercicio de su actividad, delitos que se mantienen en la impunidad, aseguraron organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión.

“Aunque las cifras son poco exactas, es un hecho que los periodistas en México estamos en peligro ‑afirma el periodista Jorge Torres‑. Cuando menos, en los últimos diez años se han registrado más de 60 casos de asesinatos en contra de periodistas mexicanos, aunque otras fuentes hablan de cifras aún mayores y lo más preocupante es gran parte de ellos sigue sin resolverse, las averiguaciones permanecen estancados en los archivos de las procuradurías de todos los niveles; además, se dan intimidaciones, secuestros y otros crímenes cuyo objetivo es frenar el trabajo periodístico. De acuerdo con datos en mi poder, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de al menos 28 secuestros de comunicadores en todo el país”.

Nadie, aparentemente, se salva de esta violencia, ningún estado queda libre, como se desprende de lo siguiente:

Inmediatamente tras el asesinato de dos locutoras de la radio indígena, una misión internacional viajó a México para valorar la situación de deterioro de la libertad de prensa en el país. (…) miembros y socios locales e internacionales de IFEX visitarán regiones donde la libre expresión ha sido particularmente amenazada, desde Oaxaca en el sur, donde dos reporteras indígenas fueron asesinadas al inicio del mes (supuestamente por fuerzas del Estado), hasta Sonora en el norte, el cual fue el estado más peligroso para los periodistas en 2007.

Hay muchas razones que explican, pero jamás justifican, la violencia contra periodistas y otras personas que se dedican a la labor de comunicación. Sin embargo, cuando la violencia tiene como objetivo acallar la libre expresión, no sólo está violando el derecho a la vida y a la integridad física, sino que constituye un ataque al derecho a la información, cuya vigencia es una condición fundamental del estado de derecho, como llega a reconocer el mismo Estado mexicano en documentos públicos en internet. El estado tiene la obligación de investigar los hechos en torno a los homicidios y demás actos violentos contra comunicadores y sancionar a quienes los llevan a cabo.

Debido al ambiente de hostilidad en contra de los periodistas mexicanos, el gobierno ha tratado de garantizar la integridad de los informadores con la creación de una fiscalía especializada.

La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha el jueves 16 de febrero de 2006, la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la cual tiene la tarea de conocer las agresiones o atentados que sufran informadores nacionales o extranjeros en territorio mexicano. Entre sus facultades está dirigir, coordinar y supervisar investigaciones iniciadas en el ámbito del Ministerio Público Federal, pero también coadyuvar cuando los casos queden en la competencia de las procuradurías locales. Dicha fiscalía quedó adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, que encabeza Juan de Dios Castro Lozano.

No obstante la obligación del estado de garantizar el derecho a la información, en muchos casos de agresiones no ha existido respuesta contundente de las autoridades federales y estatales en la investigación efectiva de los hechos, lo que se traduce en impunidad.

La falta de investigación, persecución y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos propicia la repetición crónica de agresiones y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

El hostigamiento constante a los periodistas mediante demandas judiciales, legislación restrictiva, descrédito profesional, persecución laboral, inspecciones fiscales, presiones de las autoridades para separarlos del medio, negación de información oficial son mecanismos indirectos que coartan la libertad de expresión.

Esto se debe a una crisis estructural en el sistema de procuración de justicia porque a nivel federal y estatal no hay una adecuada investigación ministerial que permita resolver esos casos.
Por esta razón la fiscalía se ha ganado fuertes críticas de organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa o de organizaciones no gubernamentales como Reporteros sin Fronteras. En un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa declaró:

La Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR sigue siendo una oficina sin un papel real de investigación y con resultados claros y contundentes, porque sigue sin contar con facultades legales para ello ni con el apoyo económico y humano por parte del gobierno federal, por lo que no ha significado avance alguno para frenar los ataques a los informadores ni resolver éstos.

Algunos legisladores han expresado su preocupación por las agresiones en contra de comunicadores que prevalece en México por el simple hecho de realizar su trabajo.

“En un régimen democrático es fundamental impulsar la libertad de expresión”, aseguró Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la Cámara de Diputados, al inaugurar el foro “Crimen organizado y abuso de poder: Retos y futuro de la libertad de expresión en México” celebrado en noviembre de 2007.

El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia (PAN), destacó que los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información:

Son amenazadas continuamente por la delincuencia organizada, los malos gobiernos y las malas autoridades.
La indiferencia al silenciamiento de los periodistas y comunicadores, en sus diferentes presentaciones: amenazas, violaciones, desapariciones, atentados, asesinatos recae en la complicidad.
Este es un tema en medio de una agenda que abarca el abuso del poder y la censura de algunas autoridades, la desconfianza y la manipulación de contenidos editoriales, la autocensura generada por el miedo, así como la profunda disfunción del contexto legal en nuestro país.

Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirmó que se requiere impulsar una Ley General de Protección a Periodistas, con base en los estándares internacionales.

“Uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando y esto sucede porque no generan la protección necesaria, eficiente y suficiente para el ejercicio del periodismo”, acotó.

Acusó que lo más grave de todos esos hechos es que no existen culpables, “no hay un solo detenido que ayude a dar esperanza, confianza y la solidez necesaria para el ejercicio del periodismo”.

Otros legisladores han propuesto acciones concretas para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar el derecho a la libre manifestación de ideas, además de garantizar la integridad de los periodistas.

VI ¿Se protegen los derechos fundamentales?

La falta de un compromiso real de los estados para resolver los crímenes, hace que se requiera la actuación de la federación. Cuando se les ha solicitado cooperación para atender la problemática la gran mayoría han mostrado una absoluta indiferencia. De hecho, como se muestra en la realidad, es difícil lograr una protección al periodista cuando la definición de éste es aún una asignatura pendiente, como lo muestra esta información:

Definición de periodista, es lo que entre otras cosas, integrará la iniciativa que presentará el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano.
Castro Lozano, quien se desempeña en el citado cargo desde el 1 de diciembre de 2006, informó que en breve se reunirá con el diputado Gerardo Priego Tapia, quien es presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para integrar en una iniciativa de ley, esta primera definición de periodista en México.
Tras un diferendo público que el funcionario protagonizó con el diputado en el foro, “Crimen organizado y Abuso de poder: Retos y Futuro de la libertad de expresión en México”, que se verificó en la Cámara de Diputados, terminó por ofrecer una disculpa pública a Priego Tapia y a los asistentes, y posteriormente rectificó y expresó que le presentaría esa iniciativa de ley para trabajarla.

Aparentemente queda mucho por hacer. La sociedad requiere de manera urgente una legislación moderna, democrática y eficaz que garantice la integridad de los periodistas y otros comunicadores puesto que son ellos quienes de manera profesional garantizan a la sociedad la posibilidad de estar informados, de conocer lo que ocurre en todos los niveles de acción de sus comunidades. Asimismo, los periodistas, como afirma al Alfredo Páramo: "Si hay alguien preparado tanto técnica como intelectualmente para coadyuvar en la garantía del cumplimiento del derecho fundamental a estar informado es el periodista. Y no se trata de una simple cuestión retórica o gremial, sino es un hecho que la historia misma muestra".

El doctor Salvador Ávila, historiador egresado de la UNAM y catedrático universitario, nos dice al respecto:

Uno de los primeros pasos para la instauración de regímenes dictatoriales, antidemocráticos y, de hecho, inhumanos, consiste en apagar la llama de la libertad de expresión y en casi todos los casos, esto se logra asesinando, secuestrando, torturando periodistas.
Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi que en la Italia de Mussolini; durante el franquismo español o el estalinismo soviético. Los dictadores latinoamericanos persiguieron, vejaron y asesinaron multitud de periodistas para poder mantenerse en el poder.
Por todo esto, desde una perspectiva histórica no es casual que en México tanto desde el poder político, pero también desde el poder del narco y de la corrupción, se esté pretendiendo cortar las cabezas de los informadores. Recordemos, en la historia no existen las casualidades, existen los hechos. Y el hecho es que con los ataques a la libertad de expresión que estamos padeciendo en México nos indican que estamos en peligro, y no en un peligro lejano, sino inminente.

VII Conclusiones

De nada sirve que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esté instituido el derecho a la libre expresión y el derecho a la información, si en la práctica los periodistas se ven amenazados constantemente por el hecho de ejercer su profesión, que representa una labor social para la construcción de una sociedad mejor informada y cada vez más comprometida con el buen funcionamiento de su país. Aboguemos por el esclarecimiento de todos los casos de reporteros asesinados en México y por la eficaz procuración de justicia en todo momento.

Sin embargo, y a pesar de todas las declaraciones citadas anteriormente, poco podrá hacerse por la democracia y la libertad de expresión en México si no se afrontan de manera decidida las principales amenazas que se ciernen en su contra. Por un lado, como hemos visto a lo largo de las páginas anteriores, tenemos el hecho de que el periodismo en México es una profesión de muy alto riesgo en nuestro país y que eso es inadmisible en una sociedad democrática, pues tal y como lo manifestó el periodista Gustavo Rentería quien, a su vez, cita a Carlos Septién García, uno de los pocos profesionales de la materia mexicanos que ha escrito sobre la trascendencia de la labor periodística:

Como el “parlamento diario de los pueblos” definía al periodismo y a los medios el recordado maestro Carlos Septién García. En él, casi siempre hay participación informativa de los dignatarios, primeros mandatarios, estadistas y todos aquellos que por su importancia pública le interese al gobernado lo que haga o diga.

Pues ese parlamento diario tiene su voz por medio de los periodistas, quien según el mismo Septién García, tienen como misión primordial “dar voz a quien carece de ella”, razón por la cual es imprescindible que el estados se responsabilice de ello para poder dar cumplimiento al precepto constitucional citado tantas veces a lo largo de este ensayo que garantiza a los habitantes de nuestro país el goce de poder ser informados de manera veraz, oportuna y objetiva.

Sin embargo, para el logro pleno de este derecho, no debemos olvidar la parte que corresponde a la sociedad y a las instancias que la componen. Se ha puesto de moda afirmar que el siglo XXI es el siglo de la comunicación, de la información, de la unión de culturas y pueblos. No obstante, la realidad es que gran parte de este supuesto sueño de la comunicación no logra concretarse en la realidad toda vez que los medios están al servicio de intereses económicos que no siempre son los intereses de la sociedad, como lo previera Carlos Marx:

Llegó el momento en que todo lo que los hombres habían considerado como inalienable se hizo objeto de cambio. Es el momento en que incluso las cosas que hasta ese entonces se transmitían, se donaban, pero nunca se compraban, tales como virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etc., todo, en suma, pasó a la esfera del comercio.

Y cualquiera puede darse cuenta que la esfera del comercio no siempre es la esfera de los mejores valores de la sociedad. Por el contrario, en muchas ocasiones los intereses económicos son los que precisamente están en contra del cumplimiento de los derechos humanos, como puede verse en el caso extremo del narcotráfico, pero también, en el cabildeo de grupos industriales tales como las agroindustrias, las tabacaleras, las farmacéuticas, y muchas más.

Así como una buena parte de las empresas productivas actuales afectan la salud y el medio ambiente, como lo señala el maestro Ramírez Beltrán, también los valores que conlleva la comunicación libre y democrática son conculcados por intereses económicos ajenos a ella.

Derecho a la información en México, una conquista aún lejana

2009-07-14T10:28:00.000-07:00

Profesionales de la información

PARTE I, II Y III

I Introducción

Si bien desde un punto de vista filosófico los valores son universales e inmutables, no ocurre lo mismo con la forma en que las sociedades ven estos valores ni, mucho menos, la forma en que se legislan. Por ejemplo, en la actualidad se reconoce como indiscutible el derecho a la libertad, lo que ha llevado a que prácticamente en todo el mundo esté prohibida la esclavitud (por más que ésta se siga dando en algunos sitios, pero de manera ilegal) hace relativamente poco tiempo era motivo de discusión y apenas unos cientos de años atrás, era una institución totalmente respetable.

Lo mismo podemos decir del derecho a la información, sobre todo cuando el concepto de información, tal como se entiende en las sociedades actuales, es un fenómeno cultural extraordinariamente reciente en la historia del mundo. Como asegura el doctor José Antonio Forzán:

Es apenas en la Revolución Industrial, con su consecuente desarrollo de grandes ciudades y masas más o menos alfabetizadas que surgen los medios de comunicación colectiva tal como los conocemos hoy en día. ¿Y por qué medios de comunicación colectiva? Porque son los instrumentos tecnológicos que permiten que una colectividad, sin importar la forma en que esté constituida, adquiera información y, posteriormente, la difunda y retroalimente.

De hecho, en la exposición de motivos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, el gobierno mexicano expresa:

La información es un elemento imprescindible en el desarrollo del ser humano, ya que aporta elementos para que éste pueda orientar su acción en la sociedad.
El acceso a la información es una instancia necesaria para la participación ciudadana y la protección de los derechos civiles, dado que sin información adecuada, oportuna y veraz, la sociedad difícilmente se encuentre en condiciones óptimas para participar en la toma de decisiones públicas. A efecto de lo anterior ha surgido la necesidad de utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual nuestra constitución la ha establecido como una garantía individual de todo gobernado y, la legislación secundaria en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

El derecho a la información regula el conjunto de normas jurídicas referentes a la información y los límites de las libertades informativas; regula la relación entre la sociedad, los medios de comunicación y el estado. Por lo tanto, el derecho a la información, se perfila como un derecho humano que regula el derecho a investigar, a transmitir o difundir y a recibir información. María Elena Mesta Fernández, licenciada en derecho y maestra de derecho ambiental, explica:

La información es un elemento imprescindible en el desarrollo del ser humano, ya que aporta elementos para que éste pueda orientar su acción en la sociedad. A efecto de lo anterior ha surgido la necesidad de utilizarla de manera racional y productiva en beneficio del individuo y de la comunidad, para lo cual la legislación ha incorporado reglas que buscan garantizar el ejercicio efectivo de este derecho.

II Modernidad y libertad

La modernidad suele vincularse con la libertad, de tal manera que el cumplimiento de los estándares para su desarrollo hacen difícil pensar tanto en el fin de la modernidad como en su propio desarrollo. Por un lado, tenemos voces que claman por acabar con “el libertinaje de los medios” esgrimiendo razones que van desde las clásicas del pudor, hasta otras que tienen que ver con la seguridad nacional.

Sin embargo, es innegable que el conocimiento y por ende, la libertad de conocimiento, es tal vez el único medio para lograr una sociedad participativa, justa y libre. Claro, esta libertad, como todas las demás, requiere que se ejerza con responsabilidad. Sin embargo, el estado debe garantizar los medios necesarios para que se cumpla.

Por otro lado se presenta el hecho innegable de un “exceso” ya que en una sociedad como en la que vivimos la información y la comunicación constituyen variables determinantes de la vida cotidiana que se ven señaladas por la explosión de todo tipo de medios, desde los tradicionales hasta los más modernos tales como internet. Suponemos, como expresa el escritor José Saramago, que deben existir límites racionales ante este fenómeno.

Si una persona recibiera en su casa, cada día, 500 periódicos del mundo entero, y si esto se supiera, probablemente se diría que está loca. Y sería cierto. ¿Quién, sino un loco, puede proponerse leer cada día 500 periódicos? Tendría que leer uno cada tres minutos, o sea, más de 20 por hora, y eso durante las 24 horas… Algunos olvidan esta evidencia cuando se agitan de satisfacción anunciándonos que ahora, podemos recibir 500 cadenas de televisión. ¿De qué forma 500 cadenas de televisión van a informarnos mejor que 500 periódicos que no podemos, materialmente, leer?

III El trabajo de los medios

Pero, cuán difícil parece ser esta tarea al ver el trabajo de algunos medios. El espectáculo que manejan los medios de comunicación colectiva, independientemente de su masificación, está sujeto por un lado a los gustos y necesidades marcadas por las sociedades y modelos consumistas, enajenados y desinteresados en retomar aspectos que sirvan a los mejores intereses del ser humano y, por otro lado, esos mismos medios son muchas veces instrumentos de poder que corrompen de inicio la tarea de los informadores, como expresa el maestro en ciencias Rafael Tonatiuh Ramírez Beltrán:

Hay una sobre oferta de información. Pero, ¿realmente hay diferencia entre lo que es la oferta? o ¿no es la reproducción multiplicada de lo mismo? Vemos, por ejemplo, que en los periódicos se reproducen anuncios, información sobre personajes internacionales, fotos idénticas, notas pagadas, etc. En la tv por cable el asunto es peor. Un canal transmite las mismas caricaturas una y otra vez, hay canales exclusivos de deportes (para que siempre sea domingo), de la naturaleza, de arte… Mucha oferta aparente, pero poca diversidad sustantiva. La gente, ante esto, se convierte al zapping. La gran cantidad de información es en realidad desinformación.

Por medio de la libertad es posible instruir el conocimiento, fomentar las ciencias, las artes, la política en su acepción más alta; la libertad es el nutrimento para la democracia, que trasciende las personas e influye en las cosmogonías de las sociedades para que aprendan a formar un juicio crítico de su entorno, alejado de susceptibilidades y tergiversaciones.

La libertad se refuerza y mantiene a través del tiempo y de los medios que la difunden. Sigue en la mente de las generaciones a pesar de su inexistencia o su persecución, pese al hartazgo comunicativo del que hablamos anteriormente, a los ataques directos y al desprecio de muchos sectores que, como mencionamos antes, desde trincheras de izquierda o derecha, escudados en la moral o en la seguridad, pretenden coartarla, coptarla, disminuirla, atacando el principio que no por aparecer en el Nuevo Testamento deja de ser cierto y universal, referente a que la verdad “nos hará libres”.

El escritor Eduardo Galeano habla, precisamente, del problema del hartazgo comunicativo cuando dice:

Nunca el mundo ha sido tan desigual en las oportunidades que brinda, pero tampoco han sido nunca tan igualadas las ideas y las costumbres que impone. La igualación obligatoria que actúa contra la diversidad cultural del mundo impone un totalitarismo de la desigualdad de la economía.
En el mundo sin alma que se nos obliga a aceptar como único posible, no hay pueblos, sino mercados; no hay ciudadanos, sino consumidores; no hay naciones, sino empresas; no hay ciudades, sino aglomeraciones; no hay relaciones humanas, sino competencias mercantiles.

Y menciona uno de los culpables:

Los medios de comunicación de la era electrónica, mayoritariamente puestos al servicio de la incomunicación humana, están imponiendo la adoración unánime de los valores de la sociedad de consumo, y nos están otorgando el derecho a elegir entre lo mismo y lo mismo, en un tiempo que se vacía de historia y un espacio universal que tiende a negar el derecho a la identidad de sus partes.

Comentario a la nota El periodismo no conoce fronteras políticas ni lingüísticas

2009-07-09T09:51:00.000-07:00

Con la intención de que vean ambos blogs, decidí hacer mis comentarios en este espacio, por lo que sugiero lean la nota de Rox visible en http://rox-espaciointeligente.blogspot.com/, para después ver mis comentarios y que puedan hacer los suyos.

Si bien es cierto que los periodistas que sufren más agresiones de acuerdo con las estadísticas son lo que trabajan en los medios impresos, también lo es que todos los demás se enfrentan a las mismas situaciones; por lo que no considero prudente que sólo se hable de la prensa.

Los periodistas no trasmiten la verdad ni ilustran, informan sobre hechos y acontecimientos, también expresan sus ideas y opiniones, pero evidentemente sólo transmiten una parte de la información, por lo que al momento de investigar específicamente sobre hechos, deben cumplir con varios requisitos, uno de ellos es contrastar sus fuentes; con la intención de lograr que su información sea veraz.

El que México esté dentro de los cinco países con mayores índices de delincuencia organizada no es necesariamente el único factor que propicia que se den las agresiones en contra de los periodistas, recordemos que también están los servidores públicos, las personas que se dedican al narcotráfico y aunque no lo pareciera, la sociedad en general. No en vano México ha ganado el segundo lugar a nivel mundial, como uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo.

“Los buenos periodistas prestan a la sociedad un servicio mejor que los funcionarios públicos”, definitivamente no, porque se parte de la afirmación de que todos los funcionarios públicos son “malos” e ineficientes; es cierto que la función primordial del periodista es la denuncia, pero no me parece comparable, no porque uno sea más importante que el otro, los dos son fundamentales para la sociedad y su funcionamiento ya que en esencia los dos tienen como finalidad el bien social, la “lealtad” de ambos está con la sociedad.

En cuanto a la colegiación de los periodistas, hay que recordar lo que la Corte Interamericana de Derechos Humanos expresa en una de sus opiniones consultivas:

La Corte concluye, en consecuencia, que las razones de orden público que son válidas para justificar la colegiación obligatoria de otras profesiones no pueden invocarse en el caso del periodismo, pues conducen a limitar de modo permanente, en perjuicio de los no colegiados, el derecho de hacer uso pleno de las facultades que reconoce a todo ser humano el artículo 13 de la Convención, lo cual infringe principios primarios del orden público democrático sobre el que ella misma se fundamenta.

Así que en el caso particular de los periodistas, la colegiación obligatoria está prohibida y claramente no es la solución de las agresiones cometidas en su contra. La definición de periodista ya existe, quizá sea limitada, pero existe; así que la propuesta debería, en todo caso, basarse en su modificación.

De acuerdo con la Ley del secreto profesional del periodista en el Distrito Federal, se entenderá por periodista “Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración”, además de incluir las siguientes definiciones:

II. Colaborador periodístico: Toda persona que hace del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal o complementaria, ya sea de manera esporádica o regular.
III. Libertad de expresión: Es la prerrogativa que tiene toda persona para difundir y publicar ideas u opiniones a través de cualquier medio.
IV. Libertad de información: Es la prerrogativa que tiene toda persona para buscar, investigar, sistematizar, difundir o publicar hechos que sean considerados de interés público.

De acuerdo con la ley, todos los que en el Distrito Federal hacen del ejercicio de las libertades de expresión y/o información su actividad principal, de manera permanente con o sin remuneración, son periodistas. Por lo que en respuesta a tu pregunta “cabe preguntarse si periodista es quien lee noticias en un programa sin haber cursado la carrera, o quien disfrazado, realiza programas cómicos revestidos con notas periodísticas” la respuesta es si, sí son periodistas.

La constitución no define, no establece, de acuerdo con Laura Sámano es un marco legal generalizado, así que definitivamente no se puede incluir la definición de periodista en el texto constitucional, ya que para eso están las demás leyes; lo que sí se puede y se debe hacer es lograr la federalización de los delitos cometidos en contra de los periodistas, para eso se debe, como primer paso de acuerdo con algunos autores y promovedores de la federalización modificar el artículo 73 constitucional.

No me parece necesario crear un nuevo órgano encargado de investigar los delitos cometidos en contra de los periodistas, lo que se debe hacer es dotar de mayores herramientas, recursos, capacitación y sobre todo facultades, a los que conforman la fiscalía especial a la que se hace referencia. Por cierto en este blog se hace un breve estudio del acuerdo por el que se creó la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas (Notas sobre el acuerdo A/031/06).

Se insiste en que la colegiación, además de estar prohibida e ir en contra del derecho internacional, no es la solución en contra de las agresiones.

Para todos aquéllos que cubran noticias de narcotráfico

2009-07-08T11:27:00.000-07:00

Notas de interés general

Esta información resulta importante para todas las personas que cubran noticias relacionadas con el narcotráfico y la delincuencia organizada.

El Centro Knight para el Periodismo en las Américas y el Centro de Periodismo y Ética Pública ofrecen un curso gratuito en línea, en el que se proporcionarán problemas conceptuales y elementos prácticos con la intención de ayudar a los encargados de cubrir las noticias sobre el narcotráfico y que lo puedan hacer de forma responsable.

La duración del curso será de un mes, del 3 al 30 de agosto del 2009 y las inscripciones se harán en línea hasta el 17 de julio a las 17:00 (hora de Austin) en la siguiente dirección http://knightcenter.utexas.edu/blog/?q=es/node/4448

Para consultar los requisitos, el currículum de los participantes, la dinámica y los temas a tratar, revisar http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/centro-knight-ofrece-curso-en-linea-para-periodistas-mexicanos-cobertura-del-narcotrafico/

Article 19 y las radios comunitarias

2009-07-06T16:54:00.000-07:00

Profesionales de la información

ARTICLE 19, organización de Derechos Humanos que toma su nombre del artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, trabaja para proteger y promover el derecho a la libertad de expresión. De acuerdo con una nota publicada en su sitio en internet http://www.libertad-expresion.org.mx/noticias/radiodifusores-comunitarios-perseguidos-penalmente/ el 6 de julio de 2009, el estado mexicano sigue amenazando la libertad de expresión y limitando el derecho a la información al perseguir a los radiodifusores, en este caso particular, de radios comunitarias.

México D.F., 6 de julio de 2009 (Article19).- A pesar del reiterado compromiso del Estado mexicano ante organismos intergubernamentales, el Gobierno del Presidente Felipe Calderón ha endurecido las medidas en contra de la radiodifusión comunitaria. La persecución penal de Héctor Camero y Rosa Cruz, ambos radiodifusores comunitarios de Radio “Tierra y Libertad” y Radio “Uekakua” respectivamente, pone al descubierto una práctica gubernamental que amenaza la libertad de expresión de grupos excluidos y en situación de vulnerabilidad. ARTICLE 19 llama al Estado mexicano a garantizar la seguridad jurídica a la radiodifusión comunitaria.

De acuerdo con Agnès Callamard, Directora Ejecutiva de ARTICLE 19:

La radiodifusión comunitaria es una herramienta esencial para el desarrollo de los sectores excluidos al rededor del mundo, incluyendo México. La ausencia de un marco regulatorio que lo facilite y lo proteja constituye una violación a la libertad de expresión de acuerdo con el derecho internacional. Esta omisión es discriminatoria dado que afecta de manera desproporcionada a los sectores pobres y comunidades indígenas monolingües.

Basado en lo anterior, esta organización independiente solicita a las autoridades que cumplan con tres puntos indispensables sin los cuales la seguridad de los radiodifusores y me atrevo a decir de los profesionales de la información en general, no podrá ser un logro.

Establecer un nuevo marco regulatorio que en lugar de obstruir, promueva la radiodifusión comunitaria.

Permitir que las radios comunitarias en operación puedan operar de manera informal hasta que el nuevo marco regulatorio entre en vigor.

Como parte de lo anterior y, en reconocimiento del fracaso del estado mexicano al cumplir su responsabilidad respecto a la radiodifusión comunitaria, se retiren todos las acusaciones penales en contra de Héctor Camero, Rosa Cruz y el resto de los y las radiodifusoras comunitarias que han sido amenazadas con ser procesados penalmente.

Es por demás importante hacer nuestro (los interesados en la seguridad de los profesionales de la información) y de los periodistas hacer suyo el llamado al estado mexicano a garantizar la seguridad en general de todos los encargados a desarrollar el ejercicio periodístico.

De mal en peor

2009-07-01T14:14:00.000-07:00

Profesionales de la información

De acuerdo con el sitio de internet de la Campaña permanente de protección a periodistas http://www.libertad-expresion.org.mx/, el 23 de junio de 2009 se publicó en la revista Proceso, una terrible noticia para el ejercicio periodístico y la libertad de expresión.

¡Primera denuncia en contra del periodismo digital! Haciendo a un lado las cuestiones legales (procedencia y autoridades), es necesario fijar la atención, primeramente, en los actores. De acuerdo con el sitio web, Mauricio Fernández Garza denunció a Ramón Alberto Garza, director de Reporte Índigo, en Monterrey.

La Sociedad Interamericana de Prensa, hace ya un tiempo, felicitó y reconoció el avance del estado mexicano al eliminar del Código Penal Federal los llamados delitos contra el honor; la SIP y demás organismos internacionales consideraron que se dio un avance en cuanto a el aseguramiento y defensa de la libertad de expresión, así, muchos estados los eliminaron de sus códigos locales. Tal parece que Nuevo León no lo hizo.

El denunciante es, al cabo de una larga carrera política, candidato a la alcaldía de San Pedro Garza García, o simplemente San Pedro, el municipio conurbado a Monterrey (prolongación en realidad de la ciudad reinera), donde es fama que convive la mayor concentración de personas ricas en todo el país. Ya fue presidente municipal de esa ciudad, hace veinte años, y abrió el camino para que su partido, Acción Nacional, no haya dejado de gobernar esa municipalidad desde entonces.

Fue precandidato a gobernador en 1997, vencido en los comicios internos por Fernando Canales Clariond, y candidato seis años más tarde, cuando el PRI recuperó la gubernatura de Nuevo León con Natividad González Parás, que un sexenio atrás había sucumbido ante el propio Canales Clariond. Fue asimismo senador entre 1994 y 2000, en esa cámara presidió la Comisión de Cultura, pues si bien ha tenido una importante carrera empresarial (para la que se preparó en las universidades de Purdue y la estatal de Nuevo León, y en el Tec de Monterrey y en el Ipade), ha sido un importante promotor de las artes y la cultura en su estado, como integrante de varios patronatos: el del Museo de Historia Mexicana y el del Ballet de Monterrey, por ejemplo. Sin contradicción, ha encabezado el Frente de Solidaridad Pro Libre Empresa y fundado y dirigido empresas mexicanas en Cuba; igualmente ha trabajado para los bancos y consorcios del Grupo Monterrey que fue consejero económico de Cuauhtémoc Cárdenas en la Jefatura de Gobierno del Distrito Federal.

La denuncia se dio porque la revista Indigo publicó “confesiones” de Ramón Alberto Garza sobre la seguridad y el narcotráfico en su municipio. Carmen Aristegui el 12 de junio reprodujo la grabación obtenida de una reunión.

Es lamentable que se pretenda limitar el ejercicio periodístico a través de denuncias, intimidaciones y demás agresiones. Los ciudadanos tenemos derecho a saber sobre las personas que pretenden estar a cargo de la política.

Notas sobre el acuerdo A/031/06

2009-06-24T11:06:00.000-07:00

Notas de interés general

El acuerdo A/031/06 se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006, lo elaboró la Procuraduría General de la República para crear la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas.

El texto del acuerdo se divide en dos apartados, la parte considerativa que es la fundamentación y motivación de la Procuraduría General de la República para crear la fiscalía y el acuerdo, y la parte normativa, en la cual encontramos los lineamientos de creación de la fiscalía, la delimitación de sus competencias, de quién depende y su forma de actuar.

Así que el estudio del acuerdo A/031/06 será dividido en dos partes, con la finalidad de valorar si existen coincidencias entre la parte de las pretensiones y su aplicación, cuál es el resultado del texto en general para poder así determinar el verdadero papel de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas en el estado mexicano y concluir con cuál ha sido su respuesta ante las agresiones cometidas en contra de los profesionales de la información.

El primer párrafo del acuerdo, en la sección de los considerandos hace referencia al artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el cuál efectivamente establece que el derecho a la información será garantizado por el estado y que la libertad de expresión o la libre manifestación de las ideas no podrá ser limitada salvo algunas excepciones.

Artículo 6o. La manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino en el caso de que ataque a la moral, los derechos de tercero, provoque algún delito, o perturbe el orden público; el derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado (…).

Todos los párrafos dentro del apartado de los considerandos inician con la palabra que, la cual denota que la Procuraduría General de la República da por hecho lo que establece a lo largo del texto. Un ejemplo lo encontramos en el segundo párrafo:

Que la libertad de expresión es un derecho humano fundamental reconocido en diversas declaraciones y tratados internacionales, tales como la Declaración Americana sobre Derechos Humanos y Deberes del Hombre, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, la Declaración Universal de Derechos Humanos y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, todos ellos instrumentos internacionales de los que México es parte.[2]

En concordancia con el párrafo primero, la libertad de expresión es un derecho fundamental al encontrarse inserto en el texto constitucional, la Procuraduría General de la República crea una nueva categoría del derecho determinada “derechos humanos fundamentales” quizá con intención de no tomar una postura clara entre los doctrinarios del derecho, debido a las múltiples discusiones que han surgido en torno a cuál es la denominación más adecuada; o por una clara falla en la técnica jurídica lo cual demuestra una completa falta de conocimiento sobre el tema.

Los conceptos de “derechos fundamentales”, “garantías individuales y sociales” y “derechos humanos” no son equivalentes, ni se pueden utilizar indistintamente (…). Son fundamentales los derechos que están previstos en el texto constitucional y el los tratados internacionales (…). De hecho podríamos decir que todos los derechos fundamentales son derechos humanos constitucionalizados.[3]

Si bien es cierto que la libertad de expresión como derecho es reconocida es diversos instrumentos internacionales y que éstos siempre y cuando cumplan con lo establecido en el artículo 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos son la ley suprema de la unión junto con la constitución y las leyes que emanen del Congreso de la Unión, resulta limitativo que el texto del acuerdo enuncie arbitrariamente algunos de los tratados internacionales en los que se reconoce.

Con relación al párrafo tercero es necesario hacer varios comentarios, por lo que resulta importante transcribirlo:

Que los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.[4]

Primeramente es necesario determinar que el texto tal y como es presentado en el acuerdo elaborado por la Procuraduría General de la República, no se refiere estrictamente al ámbito penal ya que hace mención a los derechos en general de los periodistas y comunicadores, lo cual definitivamente no es acertado ya que la procuraduría “se encarga principalmente de investigar y perseguir los delitos del orden federal y cuyo titular es el Procurador General de la República, quien preside al Ministerio Público de la Federación y a sus órganos auxiliares que son la policía investigadora y los peritos”[5]. Al hablar de los derechos en general de los periodistas o comunicadores, no se limita la materia lo cual es problemático ya que la procuraduría y la fiscalía en particular, evidentemente no pueden conocer de los atentados en contra de todos los derechos, sólo podrán conocer de los relacionados con la materia penal federal.

La Procuraduría General de la República se encarga de la investigación de hechos probablemente constitutivos de delitos en materia penal federal, así que definitivamente no está dentro de sus competencias realizar investigaciones en las cuales presuntamente se atenten contra derechos (en general) de los comunicadores o periodistas, el acuerdo debería hacer mención explicita a los bienes jurídicos tutelados por el derecho penal, tales como la vida, el patrimonio, salud, etcétera. Así que al pretender ir más allá y nuevamente demostrando su falta de técnica jurídica, con lo que pierde completamente su posibilidad de aplicación ya que se aleja por completo de sus competencias.

En materia penal existe un principio esencial que no debe ser inadvertido en ningún momento, de acuerdo con el artículo 2 del Código Penal para el Distrito Federal, el cual es presentado como ejemplo ya que sólo rige en materia local y con el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que es de aplicación para todo el país:

Artículo 2. No podrá imponerse pena o medida de seguridad, si no se acredita la existencia de los elementos de la descripción legal del delito de que se trate. Queda prohibida la aplicación retroactiva, analógica o por mayoría de razón, de la ley penal en perjuicio de persona alguna.

Artículo 14. (…) En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata. [7]

Ahora bien, el párrafo cuarto de la sección considerativa cita el principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, si se tratara de un texto doctrinal, lo anterior no tendría problema alguno, evidentemente este no es el caso. El error se encuentra en justificar un texto que tiene aplicación exclusivamente en materia penal federal en el territorio mexicano en sólo un párrafo de un ordenamiento internacional.

Al citar este principio con la intención de “reafirmar” la necesidad de que el estado conozca de los delitos cometidos en contra de los profesionales de la información, la Procuraduría General de la República vuelve a alejarse de sus funciones y facultades ya que el principio 9 habla de figuras que no están legisladas en materia penal federal mexicana, o aún más grave, de figuras que no son del ámbito penal; aplicando analogías en la materia penal, situación que de acuerdo con los párrafos anteriores no es posible.

Que el Principio 9 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que el asesinato, secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como la destrucción material de los medios de comunicación, viola los derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad de expresión, por lo que es deber de los Estados prevenir e investigar estos hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación del daño adecuada.[8]

En el derecho penal mexicano federal, no existe la figura del asesinato, en todo caso debería hablarse de homicidio y los “comunicadores sociales” ni siquiera se encuentran reglamentados.
En el párrafo octavo encontramos la fundamentación de la procuraduría para poder crear fiscalías y hacen referencia al artículo 13 de la Ley Orgánica de la Procuraduría General de la República.

Artículo 13.- El Reglamento de esta Ley establecerá las unidades y órganos técnicos y administrativos, centrales y desconcentrados, de la Procuraduría General de la República, así como sus atribuciones.

El Procurador General de la República, de conformidad con las disposiciones presupuestales, podrá crear unidades administrativas especializadas distintas a las previstas en el Reglamento de esta Ley, para la investigación y persecución de géneros de delitos, atendiendo a las necesidades del servicio, así como fiscalías especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten.

El párrafo octavo expresa además: “tiene la facultad de crear Fiscalías Especiales para el conocimiento, atención y persecución de delitos específicos que por su trascendencia, interés y características así lo ameriten”, pareciera que la procuraduría olvida que todos los delitos cometidos son trascendentes y de interés general pues representan una ofensa a la sociedad es absolutamente desafortunada la redacción del párrafo ya que pareciera que sólo en el caso de que la fiscalía considere que determinado hecho presuntamente constitutivo de delito es trascendente y de interés podrá tener conocimiento.

No es facultad de la fiscalía “considerar” qué delito es trascendente y de interés ya que estas características no son discrecionales, las poseen todos los delitos independientemente de que se cometan en el ámbito local o en el federal.

La delimitación se da ya que se trata de delitos específicos, aunque no los menciona y cuyas características así lo ameriten; con lo que se entiende que deberán ser sólo aquellos que se relacionen con los delitos del orden penal federal.

El párrafo noveno menciona el objetivo del acuerdo y la principal función de la fiscalía:

Que el presente Acuerdo tiene como objetivo crear una Fiscalía Especial que coadyuve con la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal y con las diversas Procuradurías Generales de Justicia de los Estados integrantes de la Federación, en la investigación de los ilícitos materia del presente Acuerdo, al ejercer la facultad de atracción en aquéllos que tengan conexidad con algún ilícito penal del fuero federal; así como apoyar y reforzar los diversos Programas de Atención a Víctimas del Delito.

Si bien es cierto que la principal función de la fiscalía será coadyuvar con las procuradurías generales de justicia, también lo es que hasta este momento no hemos encontrado en el texto del acuerdo lineamientos claros sobre su competencia y facultades, de hecho se han encontrado graves errores en la técnica jurídica los cuales posibilitan que la fiscalía no tenga conocimiento sobre diversos acontecimientos en contra de los profesionales de la información por no tratarse de la materia penal.

Posibilita a la fiscalía a ejercer la facultad de atracción en los casos en los que se tenga conexidad con los hechos probablemente constitutivos de delitos en materia federal, así que la fiscalía sólo conocerá de los delitos tipificados en el código penal federal.

El último párrafo de la parte considerativa resulta muy interesante: “Que en cumplimiento a los compromisos internacionales asumidos por el país, es conveniente crear una Fiscalía Especial que coordine al Ministerio Público de la Federación para atender e investigar con mayor eficacia este tipo de delitos (…)”. La creación de la fiscalía no debería en ninguna circunstancia atender exclusivamente a compromisos internacionales.

El clima de agresiones cometidas en todo el territorio nacional es verdaderamente grave, las declaraciones de la Sociedad Interamericana de Prensa y de Reporteros sin Fronteras determinan que México es el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo.

El estado mexicano tiene la obligación de reconocer la situación en la que se encuentra el ejercicio del periodismo al interior del país, el último párrafo del acuerdo, en su sección considerativa hace parecer que la creación de la fiscalía responde únicamente a un compromiso internacional, el problema es que si bien se crea la fiscalía, el discurso del estado mexicano con relación al clima de agresiones en contra de los profesionales de la información en el territorio nacional no es claro.

Ahora se revisará el apartado normativo, el acuerdo consta de ocho artículos en los cuales, entre otras cosas, se determina de quién depende la fiscalía y sus facultades.

El primero determina que la fiscalía será adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la procuraduría; con lo cual se expresa de quién dependerá, sin embargo resulta inexplicable que no dependa de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales[11] ya que es ésta en la que se realizan las investigaciones, es la línea operativa y de integración de la averiguaciones previas de la procuraduría, tiene a su cargo unidades especializadas en la investigación de delitos.

Es inexplicable en el entendido, de que la fiscalía para poder contar con el personal más capacitado y tener una certeza mucho mayor de que las investigaciones están adecuadamente desarrolladas debería formar parte de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delitos Federales, ya que es la verdadera parte operativa de la procuraduría.

El segundo artículo del acuerdo hace referencia a la competencia, nuevamente nos encontramos con un error grave de técnica jurídica el cual ocasiona que al momento en el que es aplicado el acuerdo puedan darse interpretaciones erróneas o incorrectas aplicaciones.

SEGUNDO.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, de conformidad con las disposiciones legales y reglamentarias aplicables, será competente para dirigir, coordinar y supervisar las investigaciones y, en su caso, la persecución de los delitos cometidos contra periodistas nacionales o extranjeros dentro del territorio nacional, perpetrados con motivo de su ejercicio profesional.

El error que se encuentra en esta sección del acuerdo está relacionado con “la persecución de los delitos”, ya que los delitos no se “persiguen”, se persigue al delincuente y la función de la fiscalía es de prosecución en el sentido de que será la que sostendrá la acusación ante la instancia jurisdiccional como órgano de representación social[13]. Es fundamental que para que no se den estor errores y problemas jurídicos las personas a cargo de las dependencias tengan un amplio conocimiento sobre la materia a la que se dedicarán.

Si bien en este caso las funciones de la fiscalía en términos generales no se encuentran perjudicadas, lo cierto es que una vez más se demuestra la falla de la procuraduría en cuanto a su técnica jurídica y del poder ejecutivo federal ya que el procurador al momento de la elaboración del acuerdo, 2006, era Daniel Francisco Cabeza de Vaca Hernández[14], afirmo que también la falla es del poder ejecutivo ya que fue éste el que designó al procurador. En el gobierno mexicano los puestos no son necesariamente otorgados por la pericia y conocimiento que tengan las personas relativas a la materia sobre la cual versará su encargo.

El artículo tercero es congruente con el ordenamiento jurídico mexicano y hace referencia a que el titular de la fiscalía será designado y removido por el Procurador General de la República, lo anterior se debe a que estos cargos no son de elección popular y son facultad discrecional, en este caso, del procurador. Sin embargo la quinta de sus atribuciones resulta completamente ociosa ya que aunque no se encontrara en el acuerdo es una obligación previa que debe ser en todo momento cumplida por tratarse de algo expresado en el texto constitucional.

Las averiguaciones previas integradas por la fiscalía de acuerdo con el oficio SJAI/DGAJ/01423/2009 de 20 de marzo de 2009[15], emitido por la Procuraduría General de la República desde el 2006 al 2008 son 55 de las cuales sólo en cuatro se ejerció la acción penal, únicamente en 4 de las 55 averiguaciones previas integradas tuvo conocimiento el juez penal. Lo anterior tiene relación con el artículo cuarto del acuerdo ya que es posible determinar alguna de las razones por las cuales se dan estas cifras.

CUARTO.- La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas, tratándose de los delitos previstos en el artículo 2 de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada, declinará la competencia a favor de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada.

Existen principalmente tres categorías de presuntos responsables de agresiones en contra de los bienes jurídicamente tutelados por el derecho penal en México relacionados con los profesionales de la información: los particulares, la delincuencia organizada y las autoridades.

Al declinar la competencia a la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra Periodistas deja de conocer de un importante número de casos.

El artículo quinto enumera los supuestos que deben concurrir para que la fiscalía pueda tener conocimiento de los hechos supuestamente constitutivos de delitos cometidos en contra de los profesionales de la información. El problema de este artículo es que no es preciso en su estructuración, la fracción primera determina que deberá actualizarse en el sujeto pasivo del delito la calidad de periodista.

Para determinar qué se entiende como periodista para la fiscalía y para la procuraduría, se tuvo que realizar una solicitud de acceso a la información, esto evidencia que no es claro el acuerdo y que nuevamente se dan múltiples interpretaciones con lo cual se imposibilita que la fiscalía actúe adecuadamente.

¿Quién debe velar por la seguridad de los profesionales de la información?

2009-06-22T12:11:00.000-07:00

Profesionales de la información

El 16 de junio de 2009, se publicó en la página de internet de Crímenes contra Periodistas, Proyecto Impunidad una nota intitulada "Crean en México comité de evaluación de riesgos de periodistas", que textualmente dice “Ante ‘el clima de una grave represión en torno al trabajo periodístico’, el gobierno federal y el Congreso de la Unión acordaron la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos, con base en normas internacionales para proteger la labor de medios de comunicación y periodistas en las 32 entidades del país”. Al respecto es necesario hacer varias reflexiones.

http://www.impunidad.com/

Evidentemente es el estado el que debe garantizar el derecho a la información[1], el problema es que en muchos casos de agresiones no ha existido respuesta contundente de las autoridades federales[2] y estatales en la investigación efectiva de los hechos, lo que se traduce en impunidad “el gobierno federal debe reconocer que las estrategias para frenar las ejecuciones en nuestro territorio no están funcionando”[3].

El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia (Partido Acción Nacional), destacó que los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información se ven amenazados por la “delincuencia organizada, los malos gobiernos y las malas autoridades. La indiferencia al silenciamiento de los periodistas y comunicadores, en sus diferentes presentaciones: amenazas, violaciones, desapariciones, atentados, asesinatos recae en la complicidad”[4].

También, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que se requiere impulsar una Ley General de Protección a Periodistas, con base en los estándares internacionales[5]: “Uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando y esto sucede porque no generan la protección necesaria, eficiente y suficiente para el ejercicio del periodismo”, acotó. Acusó que lo más grave de todos esos hechos es que no existen culpables, “no hay un solo detenido que ayude a dar esperanza, confianza y la solidez necesaria para el ejercicio del periodismo”.

Cuando la violencia tiene como objetivo acallar la libre expresión y el derecho a comunicar, investigar y trasmitir información, no sólo se está violando el derecho a la vida y a la integridad física, sino que constituye un ataque al derecho a la información, cuya vigencia es una condición fundamental del estado de derecho.

Frente a esta situación, el estado mexicano en respuesta a las exigencias de la sociedad creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas a través del acuerdo A/031/06[6], publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006. Dentro de la exposición de motivos expresó:

Lamentablemente esta fiscalía, ni el estado mexicano, han podido cumplir con su finalidad y deber ya sea por falta de recursos, competencia y en el peor de los escenarios por la corrupción; lo cierto es que en la Resolución de la Reunión de Medio Año celebrada en Caracas, Venezuela del 28 al 30 de marzo de 2008[7] se resolvió:

Reclamar al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión que doten de capacidad legal, recursos materiales y humanos suficientes a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR, para que pueda investigar de forma real y profunda los casos de secuestros, amenazas y asesinatos de periodistas ocurridas en el país, y deje de ser una oficina sin efectividad.

Es sorprendente que hasta ahora se haya decidido crear un comité de evaluación de riesgos, debido a que las agresiones en contra de los profesionales de la información en México no son un tema nuevo, en el 2006 México se convirtió en el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo y ocupó el segundo lugar a nivel mundial después de Irak.

No podemos seguir negando el nivel de riesgo que tienen los profesionales de la información al intentar desempañar su función en la república mexicana, situación muy preocupante, que además ocasiona un cambio en la profesión del periodismo ya que han dejado de investigar sobre situaciones que pudieran implicar un riesgo “no queremos ser héroes y tampoco víctimas”[8].

En la medida en que la protección de los profesionales de la información vaya siendo mucho más efectiva, estos podrán volver a retomar la “función de vigilancia y control (que además les exige) un compromiso serio con las fuentes, el deseo de ocuparse de asuntos de importancia y una prensa independiente de cualquier interés que no sea el del consumidor final de la noticia”[9].

No hay duda que queda mucho por hacer, la sociedad requiere de manera urgente una legislación moderna, democrática y eficaz que garantice la integridad de los profesionales de la información, puesto que son ellos quienes de manera profesional garantizan a la sociedad la posibilidad de estar informados, de conocer lo que ocurre en todos los niveles de acción de sus comunidades.

En estos momentos tan peligrosos, los profesionales de la información se mantengan convencidos de su función y sigan desempeñándola. Como también lo es, que el gobierno y las demás entidades federativas creen los mecanismos necesarios para controlar las agresiones en su contra y de ser posible, eliminarlas.

Consideraciones

2009-06-22T11:28:00.000-07:00

Profesionales de la información

No podemos negar que algunos profesionales de la información han dejado a un lado los ideales y se han dedicado a hacer noticias fáciles, ya no van directamente con la fuente, ya no analizan la noticia, ya no piensan en la mejor forma de darla, entre otras cosas. Ahora recurren a una agencia de noticias más grande que les da toda la información, claro, “digerida” para que sea aún más sencillo y por lo mismo no se toman la molestia de contrastar fuentes ni evaluar la veracidad de la misma, la forma de darla a conocer a la audiencia responderá a las necesidades y rentabilidad del mercado al que se dirija.

Sin embargo, aún contamos con grandes profesionales de la información que sí merecen esa denominación y que cumplen con su deber de informar a la gente.

Los periodistas mantienen informada a la sociedad, requisito indispensable para que ésta goce de una plena libertad, por lo que las investigaciones que se lleven a cabo relacionadas con hechos que atenten contra los derechos de los periodistas o comunicadores, deben entenderse como un deber jurídico propio y no como una simple gestión de intereses particulares.[1]

Uno de los problemas es que en México aún no contamos con todas la herramientas para hacer que estas situaciones no se den.

Comentarios al filme Citizen Kane

2009-06-22T11:14:00.001-07:00

Notas de interés general. Reseña

Para algunas personas el ejercicio periodístico está en riesgo, así que es momento de hacer varios comentarios, la profesora Chapou considera que el periodismo debe adaptarse a las nuevas necesidades de la sociedad y que en la medida en que lo haga seguirá presente.

Citizen Kane es un filme que considero necesario comentar, para poder entender si esta "crisis del periodismo" es tan nueva como algunos consideran.

Más allá de volver a decir de qué trata la película como las innumerables críticas y reseñas que se pueden encontrar, hablaremos de la importancia de que las personas que se dedican a la difusión de mensajes e información, no caigan en las prácticas que se ven en la película.

Lamentablemente, los medios de comunicación colectiva utilizan constantemente prácticas que se alejan mucho de informar de manera imparcial, que fue uno de los puntos centrales de la Conferencia Hemisférica sobre Valores Periodísticos en el siglo XXI, celebrada en San José Costa Rica en el 2006[1].

Otro de los problemas que se identifican, es que igual como sucede en el filme, no es requisito para informar de forma masiva ser especialista. Considero que el informar a la sociedad en general es una tarea muy importante y no debe estar al alcance de cualquiera que no haya tenido, al menos, una formación universitaria; esto trae consigo la falta de veracidad, contrastación de fuentes, credibilidad “Una vez que se ha conseguido que la publicación de contenidos y su disponibilidad a escala global sea un proceso amigable, emergen los problemas asociados a un sistema de publicación sin filtrado previo: infopolución, visibilidad y credibilidad”[2].

Contar lo que pasa a nuestro alrededor, los eventos cotidianos o extraordinarios que protagonizamos o de los que somos testigos, es algo que hacemos a diario todas las personas. La novedad consiste en que cada vez más gente tiene ahora la ocasión de publicarlo.[3]

Y más que la novedad podría decir que es el peligro. En las universidades y colegios se proporciona teoría, práctica, valores y se da una visión generalizada de la verdadera labor de aquellos que se dedican a la difusión masiva de mensajes e información, la necesidad de contrastar las fuentes, de ir adquiriendo credibilidad de aquellas personas que lo escuchan “los ciudadanos no saben ni pueden producir contenidos de calidad periodística de forma regular”[4] y tampoco deben hacerlo.

La efectividad de la tarea periodística estará determinada por el nivel de confianza y respaldo de los lectores, que constituyen el máximo tribunal. Ganar esa credibilidad es un compromiso para la prensa y la obliga al mayor nivel de transparencia, independencia y honestidad. Todo ello debe primar al momento de decidir qué informar y la prensa debe ser rigurosa en los estándares de verificación a utilizar. Nunca debe publicar algo que sabe que es inexacto, de la misma manera que no puede caer en la deshonestidad de difundir una información como propia y original, cuando se trata del trabajo ajeno.[5]

Y no sólo en la prensa, sino en cualquier otro medio de comunicación colectiva, se debe: “Consultar el mayor número de fuentes e identificarlas en las informaciones ya que contribuye a la transparencia. (...) Excepcionalmente, hay noticias que requieren el anonimato de las fuentes, aunque este instrumento jamás debe manejarse con ligereza (…)”[6], las personas encargadas de informar a la sociedad deben tener altos estándares de exigencia en cuanto a los contenidos que informarán.

No es posible que después de más de 60 años del inicio de William Randolph Hearst en la prensa, los medios de comunicación colectiva sigan con su legado. Mucho se dice que este personaje popularizó la prensa amarilla.

Con el término amarillo se pretenden reflejar todas aquellas formas de presentar la información que no se ajustan de forma seria, contrastada y veraz a los hechos y a la realidad sin distorsionarla. En la prensa es fácil detectar fisuras en la presentación de la información, es decir, todo lo que no se ciñe a lo estrictamente periodístico, informativo, que abuse de la ingenuidad, la ignorancia o desconocimiento de un tema por parte del lector. O bien, y lo que es más grave, subestime su capacidad o su inteligencia.[7]

Se hace un llamado a los profesionales de la información, o de acuerdo con la Ley del Secreto Profesional del Periodista en al Distrito Federal[8] a los periodistas y colaboradores periodísticos que ya dejen ese legado atrás y comiencen a utilizar otras formas de comunicar e informar. Se reconoce que no son todos los medios en México, pero sí la mayoría.

Supongo que lo hacen porque es una forma muy fácil de hacerse de audiencia y adquirir dinero de forma rápida, lamentablemente lo hacen descuidando las fuentes y las personas que de tiempo completo o de freelance colaboran con ellos.

Un mecanismo que también se acerca a la realidad y experimenta de cerca los problemas sociales es el periodismo de investigación la parte positiva es que éste en todo momento respeta los datos y el tono de la noticia la cual no pretende ser sensacionalista “se sumerge en lo más crudo de la realidad para mostrarla en toda su evidencia y para que los grandes trucajes desde los diversos poderes no queden escondidos, pero respeta el dato y el tono”[9].

Es innegable el impacto de los medios de comunicación colectiva en la población, sobre todo en la población de las ciudades:

Hearst podía influir con facilidad sobre la opinión pública. Por ejemplo, a finales del siglo XIX sus reportajes sobre las atrocidades que estaban cometiendo los españoles en Cuba indignaron tanto a la opinión pública estadounidense que los Estados Unidos inició la guerra Hispano-estadounidense. Hearst fue muy criticado por su nacionalismo extremo y aislacionismo, mientras que otros lo consideraron un patriota.[10]

En México y en el mundo es común que los medios tiendan hacia el sensacionalismo y que con frecuencia mezclen la información con opiniones. De acuerdo con Noam Chomski:

La prensa, vestida siempre con los rojos de la objetividad y de la dignidad, resulta cada vez más instrumento de manipulación informativa, de comunicación sesgada y, en fin, de presión económica, política e ideológica… Habrá, pues, que consumirla pero desde una actitud de crítica sospecha y de análisis sistemático de sus contenidos para ni llamarse a engaño ni infravalorar sus mensajes.[11]

Hago mía la afirmación de que debemos frente a cualquier información o comunicado proveniente de cualquier medio de comunicación colectivo consumirla desde una actitud de crítica sospecha y de análisis sistemático de sus contenidos para ni llamarse a engaño ni infravalorar sus mensajes.

Los periodistas en Irán

2009-06-22T09:23:00.000-07:00

Profesionales de la información

Me interesa retomar de la columna en línea de Juan Tadeo, la nota que publicó el miércoles pasado porque la considero importante para iniciar el contenido de este blog, el cual pretende hacer comentarios sobre la actualidad del ejercicio periodístico en México y la situación de los profesionales de la información.

Las peores noticias

Violaciones a la libertad de expresión y el derecho a la información en Irán. Como ustedes saben, en días pasados de llevaron a cabo las elecciones presidenciales en Irán; el candidato ganador fue Mahmoud Ahmadinejad, pero el derrotado Mir Hossein Mousavi aduce que fue víctima de un fraude electoral (¿les suena familiar?), y sus principales seguidores han incitado a la gente a lanzarse a las calles para manifestar su inconformidad.
Por respeto al proceso electoral iraní, en este momento no es prudente si quiera comentar sobre las posibilidades de que haya habido fraude o irregularidades, sin embargo, debe apuntarse que los manifestantes han sido violentamente reprimidos por los cuerpos del orden en aquél país, y el derecho a la información ha sido vulnerado por el gobierno, ya que se ha impedido a los periodistas extranjeros que salgan a las calles a cubrir los actos de protesta (y represión) que están llevándose a cabo. Un funcionario del Ministerio de Cultura de Irán expresó a los medios que “ningún periodista tiene permiso para reportar, filmar o tomar fotografías en la ciudad”3.
Condenamos enérgicamente los actos de represión y de violencia que se están llevan a cabo en aquél país, y repudiamos cualquier menoscabo al derecho a la información y la libertad de expresión de los habitantes de este planeta, así como cualquier otra violación a la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Asimismo, denunciamos que nuevamente los instrumentos del Derecho Internacional han demostrado su incapacidad de reacción oportuna y eficaz ante las flagrantes violaciones a los Derechos Humanos.

Es importante que los profesionales de la información estén presentes en los hechos ya que a través de ellos se ve materializada una de las manifestaciones del derecho a la información, el derecho de recibir información. No debemos dejar de recordar uno de los lemas más significativos de la Campaña permanente de protección a periodistas en México "Si no están... ¿quién nos informa? TE HACE DAÑO NO SABER".