Profesionales de la información
El 16 de junio de 2009, se publicó en la página de internet de Crímenes contra Periodistas, Proyecto Impunidad una nota intitulada "Crean en México comité de evaluación de riesgos de periodistas", que textualmente dice “Ante ‘el clima de una grave represión en torno al trabajo periodístico’, el gobierno federal y el Congreso de la Unión acordaron la creación de un Comité de Evaluación de Riesgos, con base en normas internacionales para proteger la labor de medios de comunicación y periodistas en las 32 entidades del país”. Al respecto es necesario hacer varias reflexiones.
http://www.impunidad.com/
Evidentemente es el estado el que debe garantizar el derecho a la información[1], el problema es que en muchos casos de agresiones no ha existido respuesta contundente de las autoridades federales[2] y estatales en la investigación efectiva de los hechos, lo que se traduce en impunidad “el gobierno federal debe reconocer que las estrategias para frenar las ejecuciones en nuestro territorio no están funcionando”[3].
El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia (Partido Acción Nacional), destacó que los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información se ven amenazados por la “delincuencia organizada, los malos gobiernos y las malas autoridades. La indiferencia al silenciamiento de los periodistas y comunicadores, en sus diferentes presentaciones: amenazas, violaciones, desapariciones, atentados, asesinatos recae en la complicidad”[4].
También, el titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, Emilio Álvarez Icaza, afirmó que se requiere impulsar una Ley General de Protección a Periodistas, con base en los estándares internacionales[5]: “Uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando y esto sucede porque no generan la protección necesaria, eficiente y suficiente para el ejercicio del periodismo”, acotó. Acusó que lo más grave de todos esos hechos es que no existen culpables, “no hay un solo detenido que ayude a dar esperanza, confianza y la solidez necesaria para el ejercicio del periodismo”.
Cuando la violencia tiene como objetivo acallar la libre expresión y el derecho a comunicar, investigar y trasmitir información, no sólo se está violando el derecho a la vida y a la integridad física, sino que constituye un ataque al derecho a la información, cuya vigencia es una condición fundamental del estado de derecho.
Frente a esta situación, el estado mexicano en respuesta a las exigencias de la sociedad creó la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas a través del acuerdo A/031/06[6], publicado en el Diario Oficial de la Federación el 15 de febrero de 2006. Dentro de la exposición de motivos expresó:
Lamentablemente esta fiscalía, ni el estado mexicano, han podido cumplir con su finalidad y deber ya sea por falta de recursos, competencia y en el peor de los escenarios por la corrupción; lo cierto es que en la Resolución de la Reunión de Medio Año celebrada en Caracas, Venezuela del 28 al 30 de marzo de 2008[7] se resolvió:
Reclamar al gobierno mexicano y al Congreso de la Unión que doten de capacidad legal, recursos materiales y humanos suficientes a la Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR, para que pueda investigar de forma real y profunda los casos de secuestros, amenazas y asesinatos de periodistas ocurridas en el país, y deje de ser una oficina sin efectividad.
Es sorprendente que hasta ahora se haya decidido crear un comité de evaluación de riesgos, debido a que las agresiones en contra de los profesionales de la información en México no son un tema nuevo, en el 2006 México se convirtió en el país más peligroso en América Latina para ejercer el periodismo y ocupó el segundo lugar a nivel mundial después de Irak.
No podemos seguir negando el nivel de riesgo que tienen los profesionales de la información al intentar desempañar su función en la república mexicana, situación muy preocupante, que además ocasiona un cambio en la profesión del periodismo ya que han dejado de investigar sobre situaciones que pudieran implicar un riesgo “no queremos ser héroes y tampoco víctimas”[8].
En la medida en que la protección de los profesionales de la información vaya siendo mucho más efectiva, estos podrán volver a retomar la “función de vigilancia y control (que además les exige) un compromiso serio con las fuentes, el deseo de ocuparse de asuntos de importancia y una prensa independiente de cualquier interés que no sea el del consumidor final de la noticia”[9].
No hay duda que queda mucho por hacer, la sociedad requiere de manera urgente una legislación moderna, democrática y eficaz que garantice la integridad de los profesionales de la información, puesto que son ellos quienes de manera profesional garantizan a la sociedad la posibilidad de estar informados, de conocer lo que ocurre en todos los niveles de acción de sus comunidades.
En estos momentos tan peligrosos, los profesionales de la información se mantengan convencidos de su función y sigan desempeñándola. Como también lo es, que el gobierno y las demás entidades federativas creen los mecanismos necesarios para controlar las agresiones en su contra y de ser posible, eliminarlas.
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