El derecho de acceso a la información pública posibilita que todas las personas sin necesidad de justificar las razones de las solicitudes puedan conocer el actuar de las personas que tienen a su cargo o se les destinan recursos públicos.
En la medida en que un estado favorezca el acceso a la información pública se considerará más democrático ya que posibilita que los ciudadanos conozcan cómo se desempeñan y qué hacen con los recursos, además de proporcionar certidumbre jurídica a la población.
La evaluación de los contenidos legales de las entidades federativas abre un panorama que posibilita la adecuación y evolución de las leyes con la intención de que las personas no sean menos favorecidas en algún momento.
Mientras la sociedad tenga mayor acceso a la información contenida en los archivos, comenzará a tener mayor confianza en sus autoridades ya que podrá evaluar efectivamente su gestión, y en el caso de que sea deficiente podrá tomar las medidas necesarias para que ya no estén en el poder. Fomentando así la democracia y la cultura de la transparencia.
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