PARTE V, VI Y VII

Profesionales de la información

V Periodistas en la mira

Si bien, en nuestro país las leyes respaldan la libre manifestación de ideas, las autoridades encargadas de hacer valer la carta magna no garantizan la integridad de las personas dedicadas a la publicación de información y contenidos.

A pesar de lo instituido como un derecho para los mexicanos, en los últimos años las intimidaciones, secuestros, atentados y homicidios contra periodistas se han incrementado por el simple hecho de ejercer su profesión.

A pesar de todo, datos de la Sociedad Interamericana de Prensa y Reporteros sin Fronteras, que recogen los medios nacionales, nos hablan de una realidad que hace que la piel se erice, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en América Latina y el segundo a nivel mundial tan sólo después de Irak, la diferencia es que Irak es un país en guerra, y México es un país libre, democrático y supuestamente defensor de los derechos humanos.

En América Latina, México es el país más peligroso para ejercer el periodismo. Durante los gobiernos federales panistas –últimos ocho años– 24 comunicadores y trabajadores de los medios han sido asesinados, ocho han desaparecido y decenas han sido amenazados y agredidos por situaciones ligadas con el ejercicio de su actividad, delitos que se mantienen en la impunidad, aseguraron organizaciones nacionales e internacionales que defienden la libertad de expresión.

“Aunque las cifras son poco exactas, es un hecho que los periodistas en México estamos en peligro ‑afirma el periodista Jorge Torres‑. Cuando menos, en los últimos diez años se han registrado más de 60 casos de asesinatos en contra de periodistas mexicanos, aunque otras fuentes hablan de cifras aún mayores y lo más preocupante es gran parte de ellos sigue sin resolverse, las averiguaciones permanecen estancados en los archivos de las procuradurías de todos los niveles; además, se dan intimidaciones, secuestros y otros crímenes cuyo objetivo es frenar el trabajo periodístico. De acuerdo con datos en mi poder, la Comisión Nacional de Derechos Humanos tiene conocimiento de al menos 28 secuestros de comunicadores en todo el país”.

Nadie, aparentemente, se salva de esta violencia, ningún estado queda libre, como se desprende de lo siguiente:

Inmediatamente tras el asesinato de dos locutoras de la radio indígena, una misión internacional viajó a México para valorar la situación de deterioro de la libertad de prensa en el país. (…) miembros y socios locales e internacionales de IFEX visitarán regiones donde la libre expresión ha sido particularmente amenazada, desde Oaxaca en el sur, donde dos reporteras indígenas fueron asesinadas al inicio del mes (supuestamente por fuerzas del Estado), hasta Sonora en el norte, el cual fue el estado más peligroso para los periodistas en 2007.

Hay muchas razones que explican, pero jamás justifican, la violencia contra periodistas y otras personas que se dedican a la labor de comunicación. Sin embargo, cuando la violencia tiene como objetivo acallar la libre expresión, no sólo está violando el derecho a la vida y a la integridad física, sino que constituye un ataque al derecho a la información, cuya vigencia es una condición fundamental del estado de derecho, como llega a reconocer el mismo Estado mexicano en documentos públicos en internet. El estado tiene la obligación de investigar los hechos en torno a los homicidios y demás actos violentos contra comunicadores y sancionar a quienes los llevan a cabo.

Debido al ambiente de hostilidad en contra de los periodistas mexicanos, el gobierno ha tratado de garantizar la integridad de los informadores con la creación de una fiscalía especializada.

La Procuraduría General de la República (PGR) puso en marcha el jueves 16 de febrero de 2006, la nueva Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra Periodistas, la cual tiene la tarea de conocer las agresiones o atentados que sufran informadores nacionales o extranjeros en territorio mexicano. Entre sus facultades está dirigir, coordinar y supervisar investigaciones iniciadas en el ámbito del Ministerio Público Federal, pero también coadyuvar cuando los casos queden en la competencia de las procuradurías locales. Dicha fiscalía quedó adscrita a la Subprocuraduría de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad, que encabeza Juan de Dios Castro Lozano.

No obstante la obligación del estado de garantizar el derecho a la información, en muchos casos de agresiones no ha existido respuesta contundente de las autoridades federales y estatales en la investigación efectiva de los hechos, lo que se traduce en impunidad.

La falta de investigación, persecución y condena de los responsables de las violaciones de los derechos humanos propicia la repetición crónica de agresiones y la total indefensión de las víctimas y de sus familiares.

El hostigamiento constante a los periodistas mediante demandas judiciales, legislación restrictiva, descrédito profesional, persecución laboral, inspecciones fiscales, presiones de las autoridades para separarlos del medio, negación de información oficial son mecanismos indirectos que coartan la libertad de expresión.

Esto se debe a una crisis estructural en el sistema de procuración de justicia porque a nivel federal y estatal no hay una adecuada investigación ministerial que permita resolver esos casos.
Por esta razón la fiscalía se ha ganado fuertes críticas de organismos internacionales como la Sociedad Interamericana de Prensa o de organizaciones no gubernamentales como Reporteros sin Fronteras. En un informe reciente la Sociedad Interamericana de Prensa declaró:

La Fiscalía Especial para la Atención a Delitos cometidos contra Periodistas de la PGR sigue siendo una oficina sin un papel real de investigación y con resultados claros y contundentes, porque sigue sin contar con facultades legales para ello ni con el apoyo económico y humano por parte del gobierno federal, por lo que no ha significado avance alguno para frenar los ataques a los informadores ni resolver éstos.

Algunos legisladores han expresado su preocupación por las agresiones en contra de comunicadores que prevalece en México por el simple hecho de realizar su trabajo.

“En un régimen democrático es fundamental impulsar la libertad de expresión”, aseguró Ruth Zavaleta Salgado, presidenta de la Cámara de Diputados, al inaugurar el foro “Crimen organizado y abuso de poder: Retos y futuro de la libertad de expresión en México” celebrado en noviembre de 2007.

El presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, Gerardo Priego Tapia (PAN), destacó que los derechos a la libertad de expresión, de prensa e información:

Son amenazadas continuamente por la delincuencia organizada, los malos gobiernos y las malas autoridades.

La indiferencia al silenciamiento de los periodistas y comunicadores, en sus diferentes presentaciones: amenazas, violaciones, desapariciones, atentados, asesinatos recae en la complicidad.

Este es un tema en medio de una agenda que abarca el abuso del poder y la censura de algunas autoridades, la desconfianza y la manipulación de contenidos editoriales, la autocensura generada por el miedo, así como la profunda disfunción del contexto legal en nuestro país.

Emilio Álvarez Icaza, titular de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (CDHDF), afirmó que se requiere impulsar una Ley General de Protección a Periodistas, con base en los estándares internacionales.

“Uno de los desafíos principales para el ejercicio de la libertad radica en que las instituciones mexicanas no están funcionando y esto sucede porque no generan la protección necesaria, eficiente y suficiente para el ejercicio del periodismo”, acotó.

Acusó que lo más grave de todos esos hechos es que no existen culpables, “no hay un solo detenido que ayude a dar esperanza, confianza y la solidez necesaria para el ejercicio del periodismo”.

Otros legisladores han propuesto acciones concretas para recuperar la confianza en las instituciones y garantizar el derecho a la libre manifestación de ideas, además de garantizar la integridad de los periodistas.

VI ¿Se protegen los derechos fundamentales?

La falta de un compromiso real de los estados para resolver los crímenes, hace que se requiera la actuación de la federación. Cuando se les ha solicitado cooperación para atender la problemática la gran mayoría han mostrado una absoluta indiferencia. De hecho, como se muestra en la realidad, es difícil lograr una protección al periodista cuando la definición de éste es aún una asignatura pendiente, como lo muestra esta información:

Definición de periodista, es lo que entre otras cosas, integrará la iniciativa que presentará el Subprocurador de Derechos Humanos, Atención a Víctimas y Servicios a la Comunidad de la Procuraduría General de la República, Juan de Dios Castro Lozano.
Castro Lozano, quien se desempeña en el citado cargo desde el 1 de diciembre de 2006, informó que en breve se reunirá con el diputado Gerardo Priego Tapia, quien es presidente de la Comisión Especial para dar Seguimiento a las Agresiones a Periodistas y Medios de Comunicación, para integrar en una iniciativa de ley, esta primera definición de periodista en México.
Tras un diferendo público que el funcionario protagonizó con el diputado en el foro, “Crimen organizado y Abuso de poder: Retos y Futuro de la libertad de expresión en México”, que se verificó en la Cámara de Diputados, terminó por ofrecer una disculpa pública a Priego Tapia y a los asistentes, y posteriormente rectificó y expresó que le presentaría esa iniciativa de ley para trabajarla.

Aparentemente queda mucho por hacer. La sociedad requiere de manera urgente una legislación moderna, democrática y eficaz que garantice la integridad de los periodistas y otros comunicadores puesto que son ellos quienes de manera profesional garantizan a la sociedad la posibilidad de estar informados, de conocer lo que ocurre en todos los niveles de acción de sus comunidades. Asimismo, los periodistas, como afirma al Alfredo Páramo: "Si hay alguien preparado tanto técnica como intelectualmente para coadyuvar en la garantía del cumplimiento del derecho fundamental a estar informado es el periodista. Y no se trata de una simple cuestión retórica o gremial, sino es un hecho que la historia misma muestra".

El doctor Salvador Ávila, historiador egresado de la UNAM y catedrático universitario, nos dice al respecto:

Uno de los primeros pasos para la instauración de regímenes dictatoriales, antidemocráticos y, de hecho, inhumanos, consiste en apagar la llama de la libertad de expresión y en casi todos los casos, esto se logra asesinando, secuestrando, torturando periodistas.
Lo mismo ocurrió en la Alemania nazi que en la Italia de Mussolini; durante el franquismo español o el estalinismo soviético. Los dictadores latinoamericanos persiguieron, vejaron y asesinaron multitud de periodistas para poder mantenerse en el poder.
Por todo esto, desde una perspectiva histórica no es casual que en México tanto desde el poder político, pero también desde el poder del narco y de la corrupción, se esté pretendiendo cortar las cabezas de los informadores. Recordemos, en la historia no existen las casualidades, existen los hechos. Y el hecho es que con los ataques a la libertad de expresión que estamos padeciendo en México nos indican que estamos en peligro, y no en un peligro lejano, sino inminente.

VII Conclusiones

De nada sirve que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos esté instituido el derecho a la libre expresión y el derecho a la información, si en la práctica los periodistas se ven amenazados constantemente por el hecho de ejercer su profesión, que representa una labor social para la construcción de una sociedad mejor informada y cada vez más comprometida con el buen funcionamiento de su país. Aboguemos por el esclarecimiento de todos los casos de reporteros asesinados en México y por la eficaz procuración de justicia en todo momento.

Sin embargo, y a pesar de todas las declaraciones citadas anteriormente, poco podrá hacerse por la democracia y la libertad de expresión en México si no se afrontan de manera decidida las principales amenazas que se ciernen en su contra. Por un lado, como hemos visto a lo largo de las páginas anteriores, tenemos el hecho de que el periodismo en México es una profesión de muy alto riesgo en nuestro país y que eso es inadmisible en una sociedad democrática, pues tal y como lo manifestó el periodista Gustavo Rentería quien, a su vez, cita a Carlos Septién García, uno de los pocos profesionales de la materia mexicanos que ha escrito sobre la trascendencia de la labor periodística:

Como el “parlamento diario de los pueblos” definía al periodismo y a los medios el recordado maestro Carlos Septién García. En él, casi siempre hay participación informativa de los dignatarios, primeros mandatarios, estadistas y todos aquellos que por su importancia pública le interese al gobernado lo que haga o diga.

Pues ese parlamento diario tiene su voz por medio de los periodistas, quien según el mismo Septién García, tienen como misión primordial “dar voz a quien carece de ella”, razón por la cual es imprescindible que el estados se responsabilice de ello para poder dar cumplimiento al precepto constitucional citado tantas veces a lo largo de este ensayo que garantiza a los habitantes de nuestro país el goce de poder ser informados de manera veraz, oportuna y objetiva.

Sin embargo, para el logro pleno de este derecho, no debemos olvidar la parte que corresponde a la sociedad y a las instancias que la componen. Se ha puesto de moda afirmar que el siglo XXI es el siglo de la comunicación, de la información, de la unión de culturas y pueblos. No obstante, la realidad es que gran parte de este supuesto sueño de la comunicación no logra concretarse en la realidad toda vez que los medios están al servicio de intereses económicos que no siempre son los intereses de la sociedad, como lo previera Carlos Marx:

Llegó el momento en que todo lo que los hombres habían considerado como inalienable se hizo objeto de cambio. Es el momento en que incluso las cosas que hasta ese entonces se transmitían, se donaban, pero nunca se compraban, tales como virtud, amor, opinión, ciencia, conciencia, etc., todo, en suma, pasó a la esfera del comercio.

Y cualquiera puede darse cuenta que la esfera del comercio no siempre es la esfera de los mejores valores de la sociedad. Por el contrario, en muchas ocasiones los intereses económicos son los que precisamente están en contra del cumplimiento de los derechos humanos, como puede verse en el caso extremo del narcotráfico, pero también, en el cabildeo de grupos industriales tales como las agroindustrias, las tabacaleras, las farmacéuticas, y muchas más.

Así como una buena parte de las empresas productivas actuales afectan la salud y el medio ambiente, como lo señala el maestro Ramírez Beltrán, también los valores que conlleva la comunicación libre y democrática son conculcados por intereses económicos ajenos a ella.